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Poduje frena expropiación de Colonia Dignidad

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó la suspensión de la expropiación de terrenos en Colonia Dignidad, iniciativa impulsada por el gobierno de Gabriel Boric como parte del Plan Nacional de Búsqueda. En entrevista con La Tercera, consignada por Chilevisión, argumentó que la decisión responde a restricciones presupuestarias, marcadas por un 97% de recursos ya comprometidos en el Minvu.

Poduje enfatizó que la medida no responde a criterios ideológicos, sino a prioridades sociales. Agrega:  “Cero ideología, es criterio de prioridad”, afirmó, agregando que proyectos de alto costo —como la expropiación— deben ser revisados. “Tenemos una estimación que solamente la parte urbana son $47 mil millones de pesos. No los tengo”, señaló, calificando la iniciativa como “medio faraónica”.

Lo que hay detrás de la expropiación y Sitio de Memoria

Sin embargo, la expropiación buscaba transformar parte del enclave en un sitio de memoria, en un terreno de cerca de 117 hectáreas —una fracción de las más de 17 mil existentes— donde operaron centros de detención y tortura. La propuesta apuntaba a saldar una deuda histórica del Estado con víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto chilenas como colonos alemanes.

En esa línea, el diputado Roberto Celedón, en el marco de su discusión en agosto del 2025, en Comisión de DDHH de la Cámara,  defendía el carácter simbólico y concreto del proyecto, subrayando que “no se está expropiando toda la ex Colonia Dignidad, sino una fracción mínima”. Añadió que el lugar fue declarado monumento histórico por su rol en crímenes de la dictadura, y que el futuro sitio de memoria debía resguardar “ambas historias” para evitar la repetición de estos hechos.

Los antecedentes que sustentan esta iniciativa han sido reforzados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyo informe de junio de 2025 —de 206 páginas y aprobado de forma unánime— describe una situación de gravedad excepcional. Según el organismo, “pocas veces se ha observado en la historia del país un caso” con tal cantidad y diversidad de denuncias, abarcando prácticamente todo el catálogo de vulneraciones de derechos humanos.

El documento también establece que, desde el golpe de Estado de 1973, Colonia Dignidad operó en complicidad con agentes estatales, participando en detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de opositores al régimen de Augusto Pinochet.

A ello se suman los abusos sistemáticos cometidos por Paul Schäfer, que se extendieron hasta su fuga en 1997, configurando un entramado de impunidad prolongada por décadas, como parte de una red de pederastas.

El INDH concluye que el Estado chileno “no intervino de manera inmediata ni eficaz”, y advierte que, a más de tres décadas del retorno a la democracia, aún no existe un reconocimiento integral de todas las víctimas. En ese contexto, la expropiación para un sitio de memoria no solo coincidía con demandas de afectados, sino también con recomendaciones de organismos internacionales, planteando ahora un nuevo foco de tensión entre restricciones fiscales y obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación.

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