El Ciudadano
EE.UU.: Acusan a Trump de cometer un «acto de guerra ilegal» en Venezuela al ignorar la Constitución y mentir a los legisladores
La operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha desatado una tormenta política en Washington. Miembros clave del Congreso, tanto demócratas como republicanos, han calificado la acción como «ilegal» y una violación flagrante de la Constitución, al ejecutarse sin la autorización legislativa requerida. Según un reporte de TheNation.com, la administración Trump no consultó a los líderes de los comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes antes del ataque, generando una furia bipartidista y promesas de acciones correctivas inmediatas.
El senador demócrata Tim Kaine, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, fue categórico en declaraciones a NPR, citadas por TheNation.com: «Una invasión estadounidense a Venezuela para derrocar a su presidente y arrestarlo es ilegal». Sostuvo que el ataque representa «un regreso a una época en la que Estados Unidos se atribuía el derecho a dominar los asuntos internos de todas las naciones del hemisferio occidental». Advirtió sobre un peligroso precedente: «¿Desplegará el presidente nuestras tropas para proteger a los manifestantes iraníes? ¿Para hacer cumplir el frágil alto el fuego en Gaza?… Trump ha amenazado con hacer todo esto y más, y no ve la necesidad de solicitar autorización legal».
La acusación de mentiras y el quebranto del proceso constitucional
La ira en el Capitolio se vio exacerbada por las acusaciones de que altos funcionarios de la administración mintieron deliberadamente al Congreso sobre sus intenciones. El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey y exasesor de seguridad nacional de Obama, acusó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un comunicado reportado por The New York Times: «Los secretarios Rubio y Hegseth miraron a todos los senadores a los ojos hace unas semanas y dijeron que no se trataba de un cambio de régimen… ahora vemos que mintieron descaradamente al Congreso». Kim argumentó, en la declaración, que Trump rechazó el proceso constitucional «porque la administración sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente los riesgos de arrastrar a nuestra nación a otra guerra».
El representante James Walkinshaw, demócrata por Virginia, fue aún más contundente al resumir la acción en declaraciones a TheNation.com: «La guerra de cambio de régimen de Trump en Venezuela es totalmente ilegal y una traición más a los compromisos que asumió con el pueblo estadounidense. Dijo que no habría ‘nuevas guerras estúpidas’. Está iniciando nuevas guerras estúpidas».
Esta sensación de engaño fue compartida por el representante Mark Pocan, quien, según TheNation.com, advirtió que el presidente «ha ignorado la Constitución» y que su actuación «continúa degradando el estado de derecho».
Escepticismo y la sombra del derecho internacional
Las críticas no se limitaron al partido demócrata. Inicialmente, el senador republicano Mike Lee expresó públicamente su preocupación constitucional en redes sociales, como reportó TheNation.com: «Espero saber qué, si hay algo, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o autorización para el uso de la fuerza militar».
Aunque luego suavizó su postura tras una llamada de Rubio, el analista Josh Rogin del Washington Post señaló la gravedad del acto en un análisis citado por TheNation.com: «Estados Unidos acaba de secuestrar a un jefe de estado extranjero y bombardear una capital extranjera… el presidente Trump acaba de cometer un acto de guerra contra Venezuela».
El editorial del The New York Times titulado «El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente» encapsuló el sentimiento de amplios sectores, argumentando que la acción «viola la ley estadounidense» al proceder sin la aprobación del Congreso.
Por su parte, el representante republicano Thomas Massie cuestionó la coherencia legal de la justificación en una publicación en X, reportada por TheNation.com: «Si esta acción fuera constitucionalmente válida, el Fiscal General no estaría tuiteando que arrestaron al presidente de un país soberano y a su esposa por posesión de armas, violando una ley estadounidense de armas de fuego de 1934».
La ilegalidad de la operación también fue denunciada desde el ámbito local. alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, Según publicación de The New York Times , el tras una llamada con Trump, declaró oponerse «a la búsqueda de un cambio de régimen, a la violación del derecho federal e internacional». Mamdani subrayó que la acción impacta directamente a la numerosa comunidad venezolana en su ciudad.
La respuesta legislativa se está organizando rápidamente. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció, según The New York Times, que impulsará una votación la próxima semana sobre una resolución de poderes de guerra para limitar las acciones militares de Trump. Schumer exigió que la administración informe inmediatamente al Congreso para «evitar un desastre humanitario y geopolítico que nos sumerja en otra guerra interminable». Mientras tanto, el senador Jack Reed, principal demócrata en el Comité de las Fuerzas Armadas, sentenció en declaraciones recogidas por The New York Times: «Anoche, el presidente Trump declaró la guerra a una nación extranjera sin autorización, sin notificación y sin dar ninguna explicación al pueblo estadounidense… Pase lo que pase, el presidente Trump asumirá las consecuencias».
Caucus Hispano del Congreso de EEUU rechaza plan intervencionista «no autorizado» de Trump para Venezuela
Los líderes del Caucus Hispano del Congreso (CHC) calificaron este sábado como «imperdonable» que el presidente Donald Trump destine «miles de millones de dólares de los contribuyentes» a una acción militar «no autorizada» en Venezuela, en lugar de asignar esos recursos a «ayudar a millones de americanos que enfrentan alzas extremas en sus costos de seguro médico». En un comunicado difundido por Telesur, el caucus, fundado en 1976 y que agrupa a más de una veintena de congresistas latinos de varios estados, advirtió que el plan intervencionista «no solo debilitará nuestras alianzas globales y regionales», sino que «dañará a los estadounidenses dentro de nuestro país», subrayando que «esa crisis social todavía podría ser evitada si tan solo Trump pusiera a América primero».
El CHC rechazó «inequívocamente» la noción de que «Estados Unidos pueda administrar a otra nación soberana» y alertó que el presidente «está metiendo a Estados Unidos y a sus hombres y mujeres uniformados en una situación peligrosa e incierta». Tras afirmar que «haremos todo lo posible por evitar las catástrofes que tan seguido causan las intervenciones ilegales y mal organizadas», los congresistas anunciaron que «trabajaremos para restaurar el orden constitucional en Estados Unidos, devolviendo los poderes de guerra al Congreso, tal y como reza la Constitución».
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