El desafío central del gasto público es responder a las necesidades de la ciudadanía asegurando un uso eficiente de los recursos del Estado. En ese contexto, el monitoreo de programas públicos se ha consolidado como una herramienta clave para una gestión fiscal más transparente y orientada a resultados.
La semana pasada se dio inicio al monitoreo 2025, correspondiente al último ciclo de seguimiento de la oferta programática que inicia esta administración y que finalizará la siguiente. Este proceso es uno de los tres que componen el sistema de monitoreo y evaluación —coadministrado por la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos—, junto a las evaluaciones de diseño (ex ante) y de desempeño (ex post). A diferencia de estas últimas, el monitoreo consiste en un seguimiento anual de la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía y de los recursos públicos utilizados en ella. Su propósito es generar información oportuna y sistemática para una mejora continua de las intervenciones estatales y una toma de decisiones presupuestarias con todos los antecedentes a disposición.
En el último proceso se monitorearon 706 programas públicos, equivalentes al 44% del presupuesto, es decir, cerca del 12% del PIB. Los resultados, entre otros, evidenciaron una alta fragmentación de la oferta pública: un 26% de las iniciativas ejecutó menos de $1.000 millones, proporción que supera el 40% al considerar programas con gasto inferior a $2.000 millones. Esta evidencia es clave para identificar espacios de mejora, racionalización y mayor coordinación del gasto público.
Esta administración ha consolidado el monitoreo como una herramienta efectiva de priorización presupuestaria. En los últimos cuatro años, ha permitido reasignar crecientemente recursos: en la Ley de Presupuestos 2026 se redujeron, en promedio, un 15% los recursos de 157 programas con debilidades en su diseño o evaluación, reasignando más de $156.000 millones; en 2025, se reasignaron $77.500 millones, con reducciones promedio de 15% para 119 programas; y en 2024, se reasignaron $35.000 millones, con reducciones de 10% para 82 programas. En paralelo, han aumentado de manera sostenida los recursos para programas sin debilidades o con buena evaluación. Cabe subrayar que el monitoreo no busca cerrar programas, sino mejorar el impacto de las prestaciones que recibe la ciudadanía y con ello la calidad del gasto público asociado.
Este año, el proceso incorpora innovaciones que aumentan la confiabilidad de la información. Se ampliará la validación de datos con registros administrativos del registro de información social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y se realizarán revisiones in situ a un grupo de programas, con el fin de verificar respaldos y elevar los estándares de reporte. Ambas medidas apuntan a robustecer la utilidad del monitoreo para la toma de decisiones.
Incluso antes de estas mejoras, el monitoreo de la oferta pública fue destacado por la Ocde en su informe "Tendencias globales en innovación gubernamental 20242, que valoró especialmente el trabajo interinstitucional, la participación de los usuarios y la integración de los resultados en la asignación de recursos y la rendición de cuentas, posicionando a Chile como un referente internacional en transparencia y gobernanza participativa. Esta experiencia ha despertado el interés de otros países de la región, como Brasil, Honduras y Guatemala, que han enviado a Chile delegaciones técnicas interesadas en conocer y aprender de este modelo.
Como gobierno robustecimos el sistema de monitoreo, fortaleciendo la lógica de mejora continua en la gestión pública, para que los recursos del Estado se traduzcan en mejores políticas y prestaciones para la ciudadanía. Esperamos que la próxima administración siga en esa senda que ya cumple más de una década.
*Paula Poblete Maureria es ministra (s) de Desarrollo Social y Familia y Javiera Martínez Fariña es Directora de Presupuestos
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