La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un periodo en el que ya no se encontraba al frente de la empresa pública, al tiempo que ha sostenido que, hasta el momento, las investigaciones no apuntan a ninguna ilegalidad en la tramitación de contratos.
Además, la ministra ha rechazado las "insidias" del PP sobre la SEPI, defendiendo el trabajo de la compañía y asegurando que las cuentas están auditadas tanto de forma interna como externa.
Montero ha comparecido en el Senado para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el marco de la SEPI, tras las detenciones el pasado diciembre del expresidente de la compañía, Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre irregularidades en la contratación pública, que precipitaron registros de la Guardia Civil en las sedes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación.
En ese sentido, la vicepresidenta --de cuya cartera depende políticamente la SEPI-- ha puesto de manifiesto que Vicente Fernández había dejado el organismo público "dos años" antes del periodo que la UCO está investigando, comprendido entre los años 2021 y 2023, según ha indicado.
"Los hechos que investiga la UCO no están paralelos con el tiempo del desempeño de las personas investigadas en la SEPI, sino que esas investigaciones están apuntando al periodo entre los años 2021 y 2023, dos años después de que esto se hubiera producido", ha explicado, toda vez que Fernández abandonó la empresa pública en 2019.
LE "REPUGNA" LA CORRUPCIÓN
Montero ha señalado que no hay "ninguna investigación" en la que se ponga de manifiesto, "al menos por ahora", que haya habido "algún expediente" que se haya tramitado "de forma distinta a la legalidad". "Por tanto, tendrán que responder de sus actuaciones aquellas personas que, una vez que salieron de ese ámbito político, presuntamente se habrían relacionado con empresas que en ese momento está investigando la UCO", ha argumentado.
La ministra considera que, en base a las informaciones publicadas, no hay "nada achacable" a "un mal funcionamiento que se pueda trasladar a la SEPI". "Lo que tendremos que ver es si los comportamientos de personas concretas cuando los tribunales lo sustancien han sido o no han sido delictivos", ha aducido.
Aunque ha asegurado que le "repugna" que haya personas que puedan utilizar su situación política "para lucrarse económicamente", cree que hay que "perimetrar" quién tiene que responder ante la Justicia porque, insiste, no hay indicios de comportamientos irregulares en la SEPI.
Montero ha expresado que tanto el Ejecutivo como el PSOE "estarán siempre entre los que actúan y toman decisiones" cuando aparecen presuntos casos de corrupción. "Exigimos responsabilidades políticas, iniciamos expedientes de expulsión del partido y colaboramos con la justicia, como hemos hecho desde el primer día", ha agregado.
NO HAY RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA SEPI
Por tanto, ha reprochado al Partido Popular que la haga comparecer en el Senado "sabiendo como sabe que no hay ningún tipo de responsabilidad política en la SEPI", al menos en la información que se conoce hasta el momento.
"No sé si es que algunos tienen más información de un secreto de sumario", ha indicado a continuación dirigiéndose a la bancada del PP. "Desde luego yo no la tengo", ha asegurado. Considera por tanto que queda por ver si "personas concretas" incurrieron en comportamientos "delictivos" o no.
Por tanto, ha defendido "el honor, la profesionalidad y el prestigio" de la SEPI, una empresa que, afirma, resulta fundamental para el finamismo económico del país.
REPROCHA AL PP QUE QUIERA DESPRESTIGIARLA
Montero considera, por tanto, que el PP ha forzado esta comparecencia para intentar "manchar su nombre" y "deshumanizarla" con "falsedades, mentiras y bulos".
A su juicio, los de Alberto Núñez Feijóo solo persiguen manchar las instituciones y "acabar con el Gobierno por lo civil o lo criminal" a pesar de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pensado siempre en el interés general y ha actuado con contundencia cuando una persona de su "entorno" se ha "separado de la legalidad".
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