El Ciudadano
Santiago Sinclair Oyaneder murió a los 97 años este domingo 28 de diciembre, cerrando la biografía de uno de los nombres que el pinochetismo elevó a los más altos cargos del poder militar y político, pese a su vinculación con graves violaciones a los derechos humanos. Su trayectoria quedó asociada a la represión desatada tras el 11 de septiembre de 1973 y a una cadena de ascensos bajo el amparo de Augusto Pinochet, que lo llevó desde mandos regionales hasta convertirse en exvicecomandante en jefe del Ejército, miembro de la Junta Militar y senador designado.
El historial judicial de Sinclair incluye, entre otros episodios, su condena en el caso Caravana de la Muerte (Episodio Valdivia), un proceso emblemático por homicidios cometidos en el marco de la operación represiva posterior al golpe. Su fallecimiento ocurre además con un antecedente que tensionó a las víctimas y organizaciones: en 2023, debido a su avanzada edad, la justicia determinó que su “enajenación mental” lo eximía de cumplir condenas en un recinto penitenciario.
Condena por la Caravana de la Muerte (Valdivia)
En una sentencia que marcó un estándar sobre crímenes de lesa humanidad, la Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a penas de presidio efectivo a cuatro acusados por los homicidios de 12 personas cometidos en el marco del caso Caravana de la Muerte, Episodio Valdivia. El máximo tribunal desechó aplicar la media prescripción por tratarse de crímenes de lesa humanidad y sentenció a 18 años de presidio a Santiago Sinclair; a 18 años al coronel (r) Juan Chiminelli Fullerton; a 10 años al brigadier (r) Pedro Espinoza; y, como encubridor, a 5 años y 1 día al brigadier (r) Emilio de la Mahotiere González.
El fallo supremo revirtió lo que había ocurrido en 2020, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago, al revisar una sentencia de primera instancia, aplicó la media prescripción a los cuatro sentenciados. En este debate, también pesó lo planteado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su Informe Anual 2022, donde llamó al Poder Judicial a abstenerse de utilizar la media prescripción por vulnerar principios de proporcionalidad e imprescriptibilidad.
Un ascenso protegido por la dictadura
Sinclair nació en Santiago. Ingresó a la Escuela Militar y egresó en 1948 como oficial. A fines de los 60 fue observador militar en el Canal de Suez y en 1973 fue designado comandante del Regimiento de Caballería Blindada N°2 de Cazadores en Valdivia.
Luego vinieron los cargos que lo aproximaron directamente al núcleo del poder dictatorial: en 1975 fue agregado militar en Corea; en 1979 ocupó el cargo de ministro jefe del Estado Mayor Presidencial; en 1983 fue ministro de Estado como secretario general de la Presidencia; y en 1988 fue miembro titular de la Junta Militar en representación de Pinochet. Para entonces ya había asumido como vicecomandante en jefe del Ejército.
Chihuío y Liquiñe: campesinos ejecutados y desaparecidos
El nombre de Sinclair también aparece en episodios represivos ocurridos en el sur. En Chihuío, el 9 de octubre de 1973, fueron asesinados 17 campesinos por personal de los regimientos Cazadores y Maturana de Valdivia, cuyos comandantes eran los coroneles Santiago Sinclair y Jerónimo Pantoja Hernández. Los cuerpos fueron desenterrados por personal del Ejército a fines de 1978 y permanecen desaparecidos; en 1990 se hallaron fosas, pero solo se encontraron pequeñas piezas óseas.
Un día después, el 10 de octubre de 1973, un operativo del Ejército y Carabineros secuestró y dio muerte a 15 campesinos en Liquiñe. Según testigos de la época, los trabajadores fueron ejecutados en el puente del río Toltén y sus cuerpos arrojados al río.
Otras causas: helicópteros, represión y el montaje del Plan Z
En 2008, el ministro Mario Carroza procesó a oficiales por el secuestro y desaparición de cinco militantes del FPMR, hechos ocurridos en 1987 por agentes de la CNI y en colaboración del Ejército. En esa causa, Sinclair fue procesado en calidad de coautor por el homicidio de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, quienes fueron lanzados desde un helicóptero institucional al mar, luego de una reunión de coordinación en la que el entonces vicecomandante en jefe del Ejército estuvo presente.
En 2020, el ministro Álvaro Mesa procesó a Sinclair por su responsabilidad en el delito de apremios ilegítimos a nueve prisioneros políticos, en un caso donde se acusaba a las víctimas de un montaje denominado “Plan Z”. La investigación describió traslados desde la Cárcel Pública de Valdivia al regimiento Cazadores, interrogatorios, y la existencia de una sala donde se aplicaban tormentos, incluyendo electricidad y golpes.
Impunidad y deuda pendiente
La historia judicial y política de Santiago Sinclair se cruza con una constante: los tiempos largos de la justicia, las defensas y los obstáculos que suelen acompañar los procesos por violaciones a los derechos humanos. Que en 2023 su “enajenación mental” lo eximiera de cumplir condenas en un recinto penitenciario vuelve a instalar una pregunta incómoda para las víctimas y el país: cuánto del daño quedó sin reparación efectiva, y cuánto de la responsabilidad de la cúpula del régimen terminó diluyéndose en la impunidad.
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