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El caso reabrió públicamente un expediente que había terminado con la absolución de su madre en 2018. Ese fallo no puede ser usado como antecedente penal ni como prueba automática de culpabilidad, pero tampoco obliga a destruir la información reunida entonces, y de esa doble condición nace una cuestión: ¿dónde termina la investigación legítima y dónde empieza el prejuicio?