Municipalidad de Peñalolén en la mira de Contraloría por millonario proyecto inmobiliario

Municipalidad de Peñalolén en la mira de Contraloría por millonario proyecto inmobiliario

La Contraloría General de la República solicitó un informe a la Municipalidad de Peñalolén luego de que diversas organizaciones ciudadanas, encabezadas por la Fundación Defendamos la Ciudad, denunciaran la suscripción de un acuerdo judicial entre el municipio y la Inmobiliaria Universa SpA que habría puesto fin, de manera ilegal, a litigios ambientales y urbanísticos relacionados con el megaproyecto «Hijuelas Quilín».

La transacción, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 10 de abril y formalizada ante notario el 21 del mismo mes, contempla la construcción de 15 edificios habitacionales con más de 2.300 departamentos, un centro comercial y más de 4.000 estacionamientos, en un terreno de 16 hectáreas ubicado en Av. Consistorial N°5900.

Según los denunciantes, liderados por el concejal Claudio Hernández, Patricio Herman y diversas ONG, la Municipalidad cedió en causas judiciales clave, incluyendo reclamos ambientales en la Corte Suprema y acciones por ilegalidad ante tribunales de alzada, sin contar con atribuciones legales para hacerlo. El proyecto ya había sido rechazado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y su calificación desfavorable había sido ratificada por el Segundo Tribunal Ambiental.

El acuerdo con la inmobiliaria, al que tuvo acceso El Periodista, incluye la reducción marginal de la altura de los edificios proyectados y 54 unidades habitacionales menos (un 2,2% del total), a cambio del desistimiento de todas las acciones legales por parte del municipio. A juicio de los denunciantes, esto no compensa el impacto ambiental y urbano del megaproyecto ni justifica el abandono de la defensa del interés público.

“La Municipalidad transó materias de orden público, como la legalidad de actos administrativos y evaluaciones ambientales, lo cual es jurídicamente improcedente”, señala el abogado Gabriel Muñoz, patrocinante de la denuncia. Además, se cuestiona que se haya reconocido, en el contrato, la validez de los permisos ambientales y de edificación previamente impugnados por el propio municipio.

La Contraloría, a través del oficio E82836/2025, instruyó a la Municipalidad entregar un informe completo, con respaldo jurídico, en un plazo de 10 días hábiles. El requerimiento fue firmado por la jefa del Comité de Organización y Atribuciones de Gobiernos Regionales y Municipalidades, Nancy Barra Gallardo.

Este caso revive las críticas ciudadanas al avance de megaproyectos inmobiliarios en zonas de alta sensibilidad urbana y ambiental, sin la debida participación de las comunidades ni transparencia en los procesos municipales.

Desde las organizaciones firmantes, entre ellas Viento del Sur, Movimiento de Pobladores por el Hábitat y Comité Lo Hermida, exigen la anulación del acuerdo, una investigación a fondo y la aplicación de sanciones a los responsables, en defensa del entorno urbano y los derechos de los vecinos de Peñalolén.

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