El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió este domingo la actuación de la Policía tras impedir el ingreso del jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la iglesia del Santo Sepulcro para participar en la misa de Domingo de Ramos.
El episodio generó críticas a nivel internacional y reactivó cuestionamientos hacia el Gobierno israelí por eventuales restricciones a las actividades de comunidades religiosas en Jerusalén.
Desde la oficina del mandatario se indicó que la decisión respondió a motivos de seguridad, en el contexto de la escalada bélica con Irán. Asimismo, se anunció que el Ejecutivo trabaja en medidas para facilitar la participación de la comunidad cristiana en las celebraciones de Semana Santa en la ciudad.
Netanyahu sostuvo que el refuerzo de la seguridad se adoptó tras ataques con misiles atribuidos a Irán en las inmediaciones de lugares considerados sagrados. En ese marco, explicó que se solicitó de forma temporal a los fieles de todas las religiones evitar acudir a los recintos de culto en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Por su parte, Irán ha rechazado estas acusaciones, asegurando que sus acciones militares están dirigidas exclusivamente contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región, y no contra sitios religiosos.
El jefe de Gobierno israelí afirmó que la Policía actuó por “preocupación por la seguridad” del cardenal y su comitiva, descartando cualquier intencionalidad adicional. No obstante, indicó que las autoridades trabajan en un plan que permita a líderes religiosos participar en ceremonias durante los próximos días.
En paralelo, el presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó lo ocurrido como un “desafortunado incidente” y expresó su pesar directamente al patriarca. Según explicó, la decisión estuvo motivada por la amenaza de ataques con misiles en la zona de Jerusalén en días recientes.
Herzog reiteró el compromiso del Estado de Israel con la libertad religiosa y el mantenimiento del statu quo en los lugares sagrados.
Sin embargo, la actuación policial fue cuestionada por el diputado árabe-israelí Ayman Odeh, quien puso en duda su legalidad. El parlamentario sostuvo que la ceremonia no infringía las restricciones vigentes, que limitan las reuniones a un máximo de 50 personas, y que existía coordinación previa entre el Patriarcado Latino y las autoridades.
Odeh informó que presentó una queja urgente ante el Ministerio de Defensa, argumentando que se trató de una vulneración grave a la libertad de culto. Además, acusó al Gobierno de aprovechar el contexto de guerra para modificar el statu quo en Jerusalén Este y en los lugares sagrados.
“Exigimos respuestas claras y no aceptaremos nada menos que el pleno acceso y la completa libertad de culto para todas las religiones”, concluyó.
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