El Ciudadano
Por Esteban Tumba Martínez, presidente Fenaminsa
Pocas cosas movilizan con tanta fuerza la conciencia colectiva como la posibilidad de que niños estén en peligro. Por eso, cuando el Director Nacional del Servicio de Migraciones (Sermig) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por el eventual delito de tráfico de menores —vinculado a vuelos chárter provenientes de Haití entre enero y octubre de 2025— el efecto fue inmediato: alarma generalizada, movilización del Estado y titulares en todos los medios.
La pregunta que nadie quería hacer en voz alta era otra: ¿Estamos ante un crimen organizado o ante un desorden burocrático magnificado?
Los hechos, reconstruidos con calma, apuntan a una respuesta incómoda. Todo comenzó el 15 de abril, cuando la Contraloría General de la República entregó un preinforme al Sermig —de carácter reservado— alertando sobre debilidades en la coordinación entre ese servicio, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, ausencia de protocolos formales para situaciones críticas con menores de edad y problemas en bases de datos.
Lo que el informe no observó, en cambio, fue ilegalidad en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar. Un matiz crucial.
Uno de los hallazgos que generó más ruido fue que, en visitas a terreno, varios niños y niñas no fueron encontrados en los domicilios registrados. Para quien no conoce cómo opera el sistema migratorio chileno, eso suena a tragedia. Para quienes sí lo conocen, es casi una regularidad: los inmigrantes cambian de domicilio con frecuencia durante sus primeros años en el país, y rara vez notifican el cambio a las autoridades, porque la normativa que los obliga a hacerlo carece de mecanismos reales de enforcement.
No significa que los niños estén perdidos. Significa que el Estado no sabe dónde están. Esa diferencia no es menor.
Dos meses de silencio y una denuncia que sacudió todo
Lo que resulta difícil de explicar es lo que ocurrió —o no ocurrió— entre el 15 de abril y la fecha de la denuncia. Durante esos dos meses, ¿qué hizo el Sermig para localizar a los menores no encontrados? ¿Se consultó a la comunidad haitiana, que cuenta con redes organizadas en Chile? ¿Se coordinó con la PDI, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Subsecretaría de la Niñez?
Las respuestas a esas preguntas importan, porque determinan si la denuncia penal fue el último recurso de una gestión agotada o el primer recurso de una gestión que prefirió el impacto público a la resolución silenciosa.
La Comunidad Haitiana en Chile y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes han señalado que nadie les preguntó. Que no tienen antecedentes de menores perdidos dentro de su comunidad. Y que la filtración del preinforme reservado de la Contraloría —que fue lo que detonó la crisis pública— responde, en su lectura, a una operación política. Es una acusación grave que merece ser investigada con la misma seriedad que el tráfico de menores.
El gobierno entre dos fuegos
El 18 de junio, el gobierno respondió a la presión convocando a reuniones de alto nivel y anunciando una fuerza de trabajo liderada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para determinar el paradero de 64 niños.
Al día siguiente, el ministro de Defensa, Fernando Barros, salió a desactivar la narrativa del crimen organizado: descartó la existencia de niños desaparecidos o víctimas de tráfico, prostitución infantil o venta de órganos, y apuntó a un desorden administrativo. Además, calificó de «muy lamentable» la filtración del preinforme reservado de la Contraloría.
La contradicción entre las declaraciones del ministro de Defensa y la línea seguida por el Director del Sermig es tan notoria que resulta imposible ignorarla. O el gobierno no coordinó su mensaje —lo que sería una falla política grave— o alguien está actuando fuera del libreto institucional. Ambas opciones son preocupantes.
Lo que no puede perderse en el ruido
A medida que se conocen nuevas actualizaciones —algunos de los niños han ido apareciendo en las últimas horas— el cuadro se parece cada vez más a un sistema de registro deficiente que a una red criminal. Eso no es un alivio menor: es la diferencia entre un problema policial y un problema de políticas públicas. Pero tampoco puede ser una excusa para no investigar hasta el último caso. La gestión debe continuar hasta que se aclare la situación de cada menor de edad haitiano.
Es cierto que el Sermig, ante la implosión del Estado haitiano y la crisis en el consulado chileno en ese país, flexibilizó requisitos para la tramitación de visas de reunificación familiar. Es cierto también que esa flexibilización debió ir acompañada de controles más rigurosos en territorio nacional que no se implementaron. Son fallas reales que deben corregirse. Pero flexibilizar un trámite en una emergencia humanitaria no es tráfico de personas, y un registro desactualizado no es una red criminal.
Chile tiene una deuda pendiente con su política migratoria: protocolos claros, bases de datos confiables, coordinación real entre servicios y presencia activa del Estado en las comunidades migrantes. Esas son las reformas que este episodio debería dejar instaladas en la agenda.
Lo que no puede permitirse es que la urgencia mediática distorsione el diagnóstico, que se criminalice a comunidades vulnerables antes de tener pruebas, o que una crisis administrativa se transforme en un caso penal por razones que nada tienen que ver con la justicia.
Si al final del proceso resulta que no hubo tráfico de menores, quedarán preguntas sin respuesta: ¿Quién filtró el preinforme reservado? ¿Con qué propósito? ¿Y quién deberá asumir la responsabilidad de haber puesto al país en estado de alarma por una crisis que era, ante todo, de gestión?
Esteban Tumba Martínez
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