Hay cifras que parecen técnicas, pero hablan de la vida cotidiana de millones de personas. El empleo es una de ellas. Detrás de cada décima en la desocupación hay alguien buscando trabajo, una familia reorganizando sus gastos o un joven tratando de entrar al mercado laboral.
Y hoy Chile no solo tiene un problema de desempleo. Tiene también un problema de calidad del empleo.
El último dato oficial muestra una tasa de desocupación de 9,4%. Pero la señal más preocupante está detrás de esa cifra. En doce meses se crearon cerca de 82 mil puestos de trabajo mientras, al mismo tiempo, el empleo informal aumentó en torno a 115 mil personas y el formal disminuyó en casi 33 mil. La informalidad explicó todo el crecimiento neto del empleo y compensó la destrucción de puestos formales. Hoy más de 2,5 millones trabajan en esa condición.
La composición del empleo confirma el diagnóstico: los trabajadores por cuenta propia crecieron 8,6% (101 mil puestos de trabajo más en un año) y los asalariados informales 2,8% en doce meses, mientras los asalariados formales cayeron 2,2%. No basta con preguntar cuántos empleos se crean. Importa qué clase de empleos estamos creando.
Un empleo formal significa cotizaciones, salud, seguro de cesantía, acceso al crédito y estabilidad. Significa poder mirar más allá del fin de mes. Por eso, la formalidad no es una discusión técnica es, en realidad, una política social.
A veces hablamos del crecimiento como si fuera una obsesión de economistas o empresarios. No lo es. Crecer permite que una empresa invierta, que una pyme contrate, que un emprendimiento se formalice y que un joven encuentre su primera oportunidad. Pero tampoco basta, porque lo que necesitamos es que ese crecimiento se traduzca en inversión, productividad y empleos formales.
Para eso debemos preguntarnos si estamos haciendo más fácil o más difícil contratar. Cada nueva regulación, costo u obligación debiera pasar por una pregunta simple: ¿esto ayuda a crear empleo formal o lo dificulta?
Eso no significa debilitar derechos laborales. Todo lo contrario. Significa entender que el primer derecho de quien no tiene trabajo es poder acceder a uno. Una legislación que protege bien a quienes ya están dentro, pero levanta barreras altas para quienes quieren entrar, puede terminar empujando a otros hacia la informalidad.
Hay además una alerta con las mujeres. Su desempleo llegó a 10,4%, frente a 8,7% entre los hombres, y la informalidad femenina alcanza 28,9%. Estamos hablando de autonomía económica y seguridad para miles de hogares.
Chile necesita medir su progreso con un tablero más exigente y esto es cuántos empleos formales creamos, cuánto crecen los ingresos reales, cuántos jóvenes entran al mercado laboral y cuántas mujeres que quieren trabajar pueden hacerlo.
El PIB importa. La inflación importa. La deuda pública importa. Pero las personas viven otra economía: si tienen trabajo, cuánto ganan y si sienten que pueden salir adelante.
Por eso no cualquier empleo sirve. Un país progresa de verdad cuando crea buenas pegas: formales, productivas y con futuro.
*El autor de la columna es vicepresidente de Sofofa
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