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SEÑOR DIRECTOR:

El editorial del 26 de mayo constata algo que advertimos cuando se creó el Servicio de Protección Especializada (SPE): dividir el antiguo Sename y cambiar su dependencia ministerial no era condición suficiente para superar los problemas estructurales del sistema de protección.

Los datos son elocuentes: listas de espera que bordean los 50 mil casos en programas ambulatorios, cerca de 3 mil niños y niñas esperando cuidados alternativos y residencias funcionando con sobrecupos. Los nudos estructurales no resueltos son al menos tres.

Primero, la falta de corresponsabilidad intersectorial de los servicios públicos que son cogarantes de los derechos de los NNA, pero el sistema sigue operando como si el SPE fuera el único responsable. Hoy existen 14.000 NNA esperando atención de salud mental, ¿quién responde?, o cuando la DT multa a las residencias por sus sistemas de turnos, con argumentos que denotan desconocimiento del sistema, ¿quién paga?

Segundo, el modelo de financiamiento. Según un estudio encargado por el Servicio a la Universidad de Chile, el aporte estatal cubre cerca del 70% de los costos reales de atención. Las organizaciones colaboradoras operan en déficit estructural y varias cerraron en los últimos años.

Tercero, la creciente burocratización de la relación entre el SPE y sus colaboradores, basada en la desconfianza. Los diálogos regionales realizados en 2025 (1.600 participantes), identificaron esta situación como una debilidad transversal en todas las regiones del país.

Las transformaciones institucionales son necesarias, pero insuficientes. Es necesario pasar de una vez por todas del paradigma tutelar y asistencialista hacia el paradigma de los derechos y la protección integral, que requiere algo más que nuevos nombres o estructuras. Es urgente.

Paulina Fernández Fawaz

Socióloga