Los gobiernos ya no tienen luna de miel. O, al menos, la tienen muy breve. Lo que antes era un período relativamente protegido hoy se ha transformado en una evaluación crítica casi inmediata. La ciudadanía cambió de ritmo y la política no logra seguirle el paso.
En ese contexto, la caída en la aprobación del gobierno refleja la aceleración del ciclo de expectativas y frustraciones. No es que hayan cambiado las prioridades, sino la velocidad con que se evalúa la consistencia de las señales y la capacidad de respuesta.
Por lo mismo, conviene mirar este deterioro con cuidado. A diferencia de la administración anterior, aquí no parece haber un descalce entre el diagnóstico del gobierno y las prioridades de la mayoría. El problema parece estar más en el cómo que en el qué.
En la instalación, en la conducción y, sobre todo, en algo más difícil de calibrar, la capacidad de leer cómo se viven esas prioridades fuera de la elite. Porque una cosa es entender los problemas y otra muy distinta es conectar con la experiencia concreta de quienes los enfrentan.
En un escenario de deterioro económico, con percepción transversal de alza de precios e incertidumbre laboral, la paciencia se acorta y el umbral de tolerancia frente a señales desconectadas cae. Cuando esa lectura falla, la falta de empatía no solo se percibe, también se castiga.
El giro de opositor a responsable al mando no parece estar aquilatándose bien, lo que agudiza la mirada crítica sobre la conducción y el ritmo. Seguir leyendo la realidad con el prisma de la campaña empieza a pasar la cuenta.
La violencia escolar deja de ser un síntoma atribuible al pasado y pasa a exigir gestión inmediata. Las movilizaciones dejan de ser expresión social y se transforman en desafíos de orden público. La ciudadanía, al final, responsabiliza a quien gobierna.
A esto se suma un desacople potencialmente más complejo. No entender, por ejemplo, que la austeridad para la mayoría no es solo gastar menos, sino también autolimitarse en el poder. Que pagar de su propio bolsillo fiestas o almuerzos no elimina la sensación de abuso, y que la propuesta de no recibir sueldo no se interpreta solo como sacrificio, sino también como el privilegio de quien puede darse ese lujo.
Ese desacople explica por qué la llamada “madre de todas las batallas”, la Ley de Reconstrucción partió con un mote de origen, al ser percibida como una reforma que favorece a los más ricos. Se dirá que esa lectura fue instalada por la oposición, y mucho de eso hay. Pero también el gobierno contribuyó a ese encuadre al partir poniendo el foco en la rebaja del impuesto corporativo. No por nada, desde el propio oficialismo se escuchó que la reforma “sonaba a Sanhattan”.
El gobierno se inicia y tiene tiempo para ajustar antes de que ese desacople se instale como narrativa. Porque si eso ocurre, el riesgo es que la rabia empuje en la dirección contraria, dominada por la conflictividad social y la presión por redistribución antes que por crecimiento.
Por Cristián Valdivieso, director de Criteria
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