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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió a las acusaciones de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, que señaló que el secretario de Estado “instruyó, a través de la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que sus abogados no intervengan en audiencias donde se discutan rebajas de pena o cumplimientos alternativos”.