|  LaTercera.com |  Noticias

Chile está diagnosticando mal sus problemas para materializar inversión.

El debate sobre la “permisología” se volvió tan dominante que terminó escondiendo una crisis mucho más profunda: la forma en que el país regula, procesa conflictos y ejecuta proyectos.

Detrás de cada inversión retrasada hay poderes del Estado que se superponen, capacidades estatales insuficientes y conflictos que terminan en tribunales de justicia. Reducir la capacidad de generar y atraer inversión a “menos permisos” simplifica el debate y difícilmente resuelve el problema de fondo.

Durante el gobierno anterior se ordenó y racionalizó el sistema de autorizaciones. Una condición básica para enfrentar el problema. Pero esta reforma fue solo un primer paso de un largo camino de modernizaciones que el país debería seguir. Hoy siguen operando problemas institucionales, regulatorios y políticos igual de complejos.

Veo al menos tres razones por las que seguir atrapados en la discusión sobre “permisología” empieza a ser contraproducente.

Primero: los permisos no son el origen. Antes de existir un permiso, existe una ley. Y buena parte de la crisis actual nace ahí: en la superposición de exigencias, en normas que se acumulan sin coordinación suficiente y en regulaciones que muchas veces se crean sin evaluar sus efectos prácticos ni los costos económicos de implementarlas. Los permisos se tramitan en oficinas ministeriales, pero gran parte de las obligaciones que contienen fueron definidas en el Congreso.

Los permisos tampoco son el punto final que deben completar los proyectos. En Chile, cada vez más, los proyectos ya no terminan en una oficina ministerial: terminan en tribunales. Casos como los de Collahuasi o Dominga muestran que la aprobación administrativa dejó de ser suficiente. La decisión real sobre si un gran proyecto puede ejecutarse suele trasladarse a años de litigio ambiental y regulatorio.

Segundo: Se confunde velocidad con viabilidad. Se instaló la idea de que eliminar o reducir autorizaciones basta para destrabar la inversión, pero ese mismo esfuerzo puede terminar paralizándola aún más. Un proyecto más rápido no necesariamente aumenta sus probabilidades de ejecutarse.

Los permisos no cumplen solo una función burocrática. También operan como mecanismos que entregan información a la ciudadanía, posibilitan mejor coordinación institucional y certidumbre para inversionistas y financistas. Acortar o saltar etapas sin resolver los conflictos de fondo no elimina la incertidumbre: simplemente la desplaza.

Tercero: Se ha concentrado toda la responsabilidad en el Estado. Sin duda, hay mucho espacio para modernizar procesos, digitalizar trámites y reducir redundancias. Pero ignorar el comportamiento del sector privado deja fuera una parte central del problema.

Los permisos son, muchas veces, la memoria institucional de abusos y desconfianzas acumuladas. Buena parte de la expansión regulatoria surge como reacción a episodios de contaminación, daño ambiental, colusión, accidentes industriales o incumplimientos que erosionaron la confianza pública.

Como hemos revisado, la complejidad de materializar proyectos de inversión exige ampliar el foco. El siguiente paso no es seguir simplificando el debate, sino entrar en discusiones más incómodas: cómo diseñamos leyes coherentes, cómo enfrentamos una judicialización creciente y cómo reconstruimos confianza en los territorios.

El desafío de Chile no es simplemente destrabar proyectos. Es reconstruir la capacidad del Estado de ordenar el desarrollo. Porque cuando las leyes pierden coherencia, la judicialización reemplaza la evaluación y la desconfianza se vuelve estructural; ningún fast track alcanza.

*El autor de la columna es socio en Marshall | Johnson