El Ciudadano
La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) alzó la voz para exigir reglas claras y sin rebaja de estándares de protección, ante el limbo en que se encuentran los usuarios de aplicaciones de transporte, con relación a la implementación de la Ley N° 21.553, que regula a las empresas de este sector, a lo que se suman las «señales contradictorias» provenientes de distintos gobiernos respecto a su reglamento.
Para ODECU, este escenario no puede prolongarse más, y el foco del debate debe desplazarse desde los intereses de la industria ahacia una pregunta mucho más elemental: ¿Qué marco regulatorio protege de mejor manera a las personas consumidoras en su vida cotidiana?, compatibilizando seguridad, transparencia, cobertura, competencia efectiva y resguardo de datos personales.
En medio de este clima de indefinición, la organización reconoce que la Ley N° 21.553, que regula a las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten, también conocida como Ley Uber, incorpore una serie de avances entre los que figuran el reconocimiento de las plataformas como empresas de transporte, la imputación de responsabilidad frente a fallas del servicio, la exigencia de estándares mínimos de información y seguridad, así como la aplicación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.
Sin embargo, a juicio de ODECU, la demora en la dictación del reglamento ha prolongado un escenario de indefinición que afecta directamente a los usuarios al debilitar la certeza sobre las condiciones en que se presta el servicio de transporte.
“Las personas consumidoras no pueden seguir atrapadas entre la presión de las plataformas y la disputa política. Chile necesita una regulación que salga del limbo, pero que lo haga sin sacrificar seguridad, transparencia, privacidad ni acceso equitativo al servicio”, planteó el presidente de la organización, Stefan Larenas Riobó.
Desde ODECU señalan que cualquier ajuste al reglamento a la normativa que fue promulgada por el Congreso en abril de 2023 , debe basarse exclusivamente en criterios técnicos y evidencia verificable, evitando que eventuales modificaciones terminen erosionando derechos bajo presión de las empresas.
Entre los aspectos que consideran intocables se cuentan varias garantías mínimas como información previa y clara sobre tarifas, sin cobros sorpresivos; identificación verificable del conductor y del vehículo; monitoreo del viaje con canales eficaces de emergencia; y la posibilidad de cancelar sin costo cuando existan inconsistencias entre lo ofrecido por la aplicación y el servicio efectivamente prestado.
Al respecto, Larenas Riobó señaló que “una regulación moderna no puede construirse a costa de debilitar estándares básicos”
“La información clara, la seguridad del viaje y la posibilidad de reclamar frente a incumplimientos son condiciones mínimas que deben resguardarse en todo momento”, enfatizó, citado en una nota de prensa.
Con esta advertencia, ODECU busca blindar los derechos más elementales ante cualquier intento de flexibilización que favorezca a las empresas en desmedro de los pasajeros.
Más allá de las condiciones relacionadas con el traslado, la organización también puso sobre la mesa un tema que suele quedar en segundo plano: la protección de los datos personales.
Debido a que las aplicaciones de transporte manejan información sensible sobre recorridos, horarios y patrones de movilidad de ciudadanos chilenos, ODECU planteó la necesidad de «establecer exigencias robustas en materia de seguridad de la información, trazabilidad de accesos y límites en su uso».
El llamado de la organización al Ejecutivo es claro y directo: definir un plazo claro para la implementación del régimen, asegurar que no se rebajen los estándares de protección, fundamentar adecuadamente cualquier modificación que se intente introducir y, en especial, «garantizar la participación efectiva de las organizaciones de consumidores en todo el proceso».
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