El Ciudadano
Durante su primera Cuenta Pública, el Presidente José A. Kast anunció que impulsará una reforma a la Ley Indígena 19.253 que permitirá arriendos e hipotecas sobre tierras ancestrales. La medida, presentada como parte de una política que busca entregar «libertad», aborda uno de los temas de máxima sensibilidad en la tensa relación histórica del Estado con los pueblos indígenas: la tierra.
El mandatario busca con su proyecto eliminar las restricciones actuales sobre el uso de esos territorios, argumentando que hay muchas tierras entregadas que no están siendo utilizadas.
Al respecto, hay que recordar que la Ley Indígena 19.253, promulgada en 1993, creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y estableció mecanismos destinados a proteger las tierras indígenas.
Por mandato constitucional y convencional, cualquier reforma requeriría la implementación del derecho de consulta legal y obligatoria a las comunidades ancestrales.
Al respecto, Kast, en su Cuenta Pública, adelantó que su administración buscará modificar el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, señalando que buscará que sea «legítimo y libre de interferencias». Sin embargo, su propuesta enciende las alertas por el eventual debilitamiento de la protección colectiva de las tierras indígenas y su ingreso a lógicas de mercado.
En un comentario publicado en sus redes sociales, la abogada mapuche, defensora de derechos humanos y exconvencional constituyente, Natividad Llanquileo Pilquiman, expresó su contundente rechazo a la medida, señalando que defender el territorio es defender la vida y que los territorios son la base fundamental para la supervivencia de los pueblos.
«Atentar con ello es atentar contra la vida. No podemos permitir que vuelvan a despojarnos de lo poco que nos queda. Vender o hipotecar la tierra, no solo nos empobrece, sino que termina con la existencia de nuestras costumbres y tradiciones», afirmó la jurista mapuche.
En esa línea, Llanquileo agregó una crítica directa al discurso presidencial: «Ellos vinieron con sus metáforas. A nosotros nos quedan unos pocos territorios. Ojalá que cuando abramos los ojos, nosotros no nos quedemos con las metáforas y ellos con lo poco que nos queda».
Pueblo Colla: «Las tierras indígenas no son una mercancía»
Por su parte, Cindy Quevedo, presidenta (curaca) de la comunidad Colla Finca el Chañar y del Consejo Nacional del Pueblo Colla, manifestó que observan con preocupación los anuncios que apuntan a modificar la protección de las tierras indígenas en Chile.
«Nuestros territorios no son simplemente bienes económicos; son la base de nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra memoria y nuestra forma de vida», sostuvo Quevedo, quien enfatizó el carácter de guardianes temporales que tienen las comunidades sobre sus territorios.
«La tierra que heredamos de nuestros abuelos y abuelas no nos pertenece únicamente a nosotros. Somos sus guardianes temporales para las generaciones que vendrán», explicó. En ese sentido, advirtió que cualquier medida que facilite la pérdida, fragmentación, hipoteca, degradación o explotación de las tierras indígenas pone en riesgo no solo el patrimonio, sino también la existencia de los pueblos.
«Las tierras indígenas no se venden, no se hipotecan y no se negocian. Son parte de nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro», subrayó la representante del Pueblo Colla.
Red de Mujeres Mapuche: “Kast amenaza Wallmapu”
En tanto, la Red de Mujeres Mapuche publicó un extenso análisis en sus redes sociales bajo el título «Kast amenaza Wallmapu», donde cuestionan los fundamentos de la reforma presidencial.
La organización recordó que las restricciones sobre las tierras indígenas no constituyen un privilegio, sino que fueron incorporadas porque el Estado chileno reconoció una realidad histórica: durante más de un siglo, los pueblos indígenas fueron despojados de sus territorios mediante mecanismos legales, económicos y administrativos.
La Red explicó que la Ley Indígena 19.253 de 1993 fue dictada luego de una ardua lucha y resistencia mapuche post-dictadura, con el propósito de «detener la expansión winka» en territorio ancestral, estableciendo un régimen especial de protección para limitar la venta, gravamen, embargo y transferencia de tierras.
Posteriormente, esta protección fue reforzada por el derecho internacional, ya que el Convenio 169 de la OIT reconoce que para los pueblos indígenas la tierra no constituye únicamente un bien económico, sino un elemento esencial de su identidad cultural, espiritual, social y colectiva.
En este marco, la organización indígena planteó una pregunta directa al gobierno: «¿Debe el Estado eliminar las protecciones que fueron creadas precisamente para evitar nuevos procesos de despojo territorial?».
Además, cuestionaron que se presente esta reforma como una medida de igualdad, argumentando que la igualdad no consiste en ignorar las diferencias históricas, sino en reconocerlas para evitar que vuelvan a producirse injusticias. Por ello, advirtieron que esta propuesta plantea serias dudas de constitucionalidad y contraviene las obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Diputada Ñanco: «El debate debe construirse junto a las comunidades y no sobre ellas»
Finalmente, la diputada Ericka Ñanco sostuvo que lo anunciado por Kast en materia indígena genera una preocupación profunda, porque se presenta como libertad medidas que pueden terminar debilitando protecciones que costó décadas construir.
Asimismo, la parlamentaria coincidió en que las tierras indígenas poseen un valor que trasciende lo económico y forman parte de la identidad de los pueblos originarios.
«Las tierras indígenas no son simplemente un activo económico; tienen un valor cultural, histórico y colectivo», recalcó la legisladora, que también cuestionó la forma en que se llevaría adelante el proceso de consulta a las comunidades indígenas.
Para Ñanco, estas decisiones no deberían adoptarse de manera previa al diálogo: «Si el Gobierno quiere impulsar cambios a la Ley Indígena o al sistema de tierras, ese debate debe construirse junto a las comunidades y no sobre ellas», puntualizó la diputada.
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