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Por Rodrigo Reyes Sangermani, periodista

El alza de los combustibles anunciada por el gobierno no es una mala noticia más. Que la bencina suba $370 por litro y el diésel en torno a $580 no golpea solo a quienes llenan el estanque de su auto. Golpea a toda la economía: al transporte de carga, al costo de distribución, a los precios de bienes básicos, a los fletes, a la agricultura, al comercio y, más temprano que tarde, al bolsillo de millones de familias.

El nuestro es un país largo, centralizado y profundamente dependiente del transporte terrestre, un aumento así por cierto no es neutro, apenas se anunció la reacción de usuarios y empresarios del transporte, economistas de distintos sectores alzaron la voz. Lo pagan con mayor dureza los sectores bajos y medios, que ya viven asfixiados por el costo de la vida y que ahora verán encarecerse no solo la movilidad, sino también buena parte de los productos y servicios que consumen. El problema, por tanto, no es el automovilista irritado en la bencinera. El problema es el efecto en cadena sobre la economía cotidiana del país.

Puede haber razones técnicas para esta decisión. El gobierno ha invocado el contexto internacional, el petróleo y las restricciones fiscales. Todo eso puede ser cierto. Pero una cosa es tener una explicación técnica y otra muy distinta es comunicar una medida impopular con ese tono seco, distante y casi arrogante que hemos vuelto a escuchar. En vez de hablarle al país con comprensión, con sentido de realidad y con voluntad de amortiguar el golpe, la autoridad parece optar por la pedagogía del regaño: esto es así, entiéndanlo y resígnense. No voy a echar marcha atrás con la decisión, dijo anoche el ministro Quiroz, sin la precaución necesaria de comprender que muchas veces por la presión de las circunstancias, los gobiernos han tenido que volver sobre sus pasos, no como muestra de debilidad sino de madurez política cuando la ciudadanía lo demanda.

Y ahí está el error político de fondo. Porque la ciudadanía puede aceptar medidas difíciles; lo que acepta mucho menos es que se las anuncien con suficiencia tecnocrática, como si el malestar social fuese una molestia secundaria o una simple reacción emocional de quienes no comprenden la complejidad del asunto. No basta con administrar. También hay que saber escuchar, explicar y, sobre todo, mostrar empatía.

Más aún cuando el argumento fiscal se presenta como si no existiera alternativa alguna. Chile cerró 2024 con una deuda bruta del Gobierno Central de 41,7% del PIB y la propia Dipres proyectó para 2026 un 43,2%, aún bajo el umbral prudente de 45%. Mientras tanto, la OCDE reporta niveles promedio de deuda del gobierno central cercanos a 83% del PIB en 2025 y 85% en 2026. Es decir, Chile sigue por debajo de ese promedio.

Esto no significa que haya que endeudarse sin criterio. Significa algo más simple: que la discusión fiscal no puede seguir reduciéndose a una especie de catecismo del ajuste, como si cualquier margen de maniobra estatal fuese automáticamente una herejía económica. Muchos países desarrollados han usado precisamente ese margen para estabilizar sus economías, proteger a sus ciudadanos y amortiguar shocks externos. La deuda no es, por definición, irresponsabilidad: puede ser también una herramienta de estabilidad y crecimiento si se usa con inteligencia.

Cuando sube la bencina, no sube solo la bencina. Sube el costo del país. Sube la presión inflacionaria. Sube la angustia de las familias. Y cuando, además, el gobierno decide explicar ese golpe con frialdad y dureza, también sube la distancia entre la autoridad y la gente.

Porque hay momentos en que no basta con cuadrar las cifras. También hay que estar a la altura humana del problema.

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