El Ciudadano
Por Daniel Fauré Polloni, académico del Doctorado en Humanidades Aplicadas, UNAB
daniel.faure@unab.cl
Intenso ha sido el debate sobre el nuevo estado de excepción de «seguridad pública» que presentó el gobierno de José Kast, enmarcado en su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
Nadie discute que el crimen organizado sea una amenaza real, ni que enfrentarlo sea una demanda ciudadana sentida y legítima. El problema es que, leído con atención, este instrumento no se enfoca ni en el crimen organizado ni en el terrorismo. Creo que se enfoca en otra cosa.
Para perseguir el crimen organizado, el Estado ya dispone de herramientas: con autorización judicial, los fiscales pueden interceptar comunicaciones, allanar domicilios, incautar bienes y seguir a sospechosos. Ese poder existe y funciona apuntando a individuos determinados, bajo el control de los jueces.
Este nuevo estado de excepción no agrega nada a esa capacidad de investigar. Sin embargo, agrega otra cosa: faculta al Presidente para suspender o restringir la libertad personal, la locomoción, el derecho de reunión y la asociación; para interceptar toda clase de comunicaciones y requisar bienes, sobre zonas completas puestas bajo el mando de un oficial general designado por él, por hasta 120 días prorrogables por otros 120 (cerca de 8 meses) sin nuevo acuerdo del Congreso.
Y lo activa un umbral muy amplio: una «amenaza grave e inminente» a la seguridad pública, o el hecho de que esta «haya sido gravemente afectada». Así, si la investigación criminal que existe hoy apunta al sospechoso, este nuevo instrumento actúa sobre el conjunto de la sociedad, independiente de que sean sospechosos o no.
La diferencia entre lo que el Estado ya puede hacer contra el narcotráfico o el crimen organizado y lo que este proyecto añade está, precisamente, en su enfoque en restringir la reunión, la asociación, la libre circulación y la vigilancia de las comunicaciones. Facultades que no son efectivas para perseguir a un narco (que no marcha, que no se asocia públicamente ni ocupa una plaza para pedir nada), pero son las que se necesitan, en cambio, para disolver una manifestación social.
Un estado de excepción que entrega a un oficial general el mando de una zona y la facultad de suspender la reunión está pensado, por su diseño, para un escenario mucho más parecido a una plaza colmada que a un allanamiento antidrogas. Por eso, un estado de excepción cuya principal novedad es la suspensión del derecho a reunión es un instrumento contra la ciudadanía reunida.
Sabemos que la palabra «reunión» no es menor. En una democracia, el derecho a reunirse es lo que convierte a un conjunto de individuos en un sujeto colectivo y un movimiento social: un cuerpo que delibera, que se hace visible, que interpela al poder con su sola presencia y que ocupa la calle como un ejercicio democrático incluso anterior al derecho a voto.
Por eso casi todo poder que teme a la ciudadanía empieza por vaciar la calle y las plazas. En vez de prohibir las ideas, que suena escandaloso, suspende, de forma más discreta, el lugar donde esas ideas se vuelven voz colectiva.
Creo que mi lectura no es malintencionada, y para comprobarlo basta retroceder un poco en el tiempo, ya que la propuesta que estamos discutiendo no nació la semana que pasó, sino hace 4 años. Es, casi palabra por palabra, el “Estado de Emergencia Calificado” que el entonces candidato José Kast defendió en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), el 10 de diciembre de 2021.
Cuando Ramón Ulloa lo interrogó, Kast no habló de carteles de crimen organizado ni de narcotráfico, dijo que era «una modificación básicamente para estados de excepción cuando tenemos una situación grave al interior del país». Y precisó que, «dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir con temas de terrorismo, con temas de violencia extrema, con temas de destrucción de bienes públicos y privados masivos (…) es necesario poder tener una efectividad en la respuesta mucho mayor a la que se tiene hoy».
Con esa «destrucción masiva de bienes públicos y privados» y esa «situación grave al interior del país» no hacía referencia al crimen organizado, sino al estallido social de octubre de 2019. Así, este instrumento es básicamente el mismo, solo que antes se ofrecía como una respuesta a la revuelta popular y hoy se ofrece como «seguridad pública».
Por eso, es importante hacer notar lo que hay debajo de las consignas de la ultraderecha. Creo que detrás de la legítima demanda ciudadana por seguridad se esconde una convicción profunda, arraigada en un importante sector de la derecha: la idea de que la protesta social es sinónimo de delincuencia y, a veces, incluso de terrorismo.
Es una ecuación peligrosa, porque la protesta no es un delito: sino un derecho político y un derecho humano, reconocido como tal en los pactos que Chile ha suscrito.
Confundir la movilización social con el crimen organizado no es un desliz, es criminalizar el ejercicio mismo de la ciudadanía detrás de una estrategia discursiva que es perversa, pero eficaz, ya que hace pasar, dentro de una demanda social muy sentida, una herramienta destinada a restringir la protesta legítima.
Se nos dice que se trata de controlar a las bandas de crimen organizado cuando, en rigor, se trata de controlar el movimiento, la expresión, la reunión y la asociación; es decir, de poner en riesgo toda forma de expresión ciudadana. Es, con todas sus letras, pasar gato por liebre.
Esa estrategia presenta, además, un cerrojo retórico que ya se escucha en voceros oficialistas, que insinúan que criticar la propuesta del gobierno equivale a estar contra la seguridad y, por tanto, contra la ciudadanía. Esto es, a todas luces, un chantaje argumentativo, ya que convierte una objeción (el advertir el carácter autoritario o ‘iliberal’ del instrumento) en una supuesta traición a una necesidad popular.
Sin embargo, señalar que una herramienta suspende libertades básicas no significa estar contra la seguridad, sino más bien implica estar a favor de que la seguridad no se construya a costa de la expresión ciudadana.
Alguien podría señalar, y con razón, que esta reforma tiene escasas posibilidades de prosperar tal como está, ya que ha encontrado un rechazo transversal (incluso en la propia derecha) y hoy carece de los votos para avanzar. Pero creo que sería un error respirar aliviados y pasar página, ya que pasaríamos por alto que la propuesta haya sido considerada sensata al punto de que un Presidente de la República la firmara y la pusiera como bandera de su gobierno.
Aunque la propuesta sea rechazada sigue revelando un horizonte de lo deseable, y aunque quede fuera de la Constitución, la convicción antidemocrática que la inspiró seguirá ahí, esperando el momento para avanzar nuevamente.
Esa convicción es la que conviene mirar con perspectiva, saliendo del debate pequeño sobre tal o cual artículo, porque creo que esto no es una respuesta improvisada al crimen organizado surgida hoy, sino una reacción a un ciclo largo de protesta social.
Desde fines de los años noventa, y de manera creciente hasta 2019, una sucesión de movimientos sociales (estudiantil, mapuche, socioambiental, poblador, feministas, entre otros) puso en jaque el consenso neoliberal heredado de la dictadura.
Ese ciclo culminó en el estallido de Octubre y en el proceso constitucional que le siguió: un intento, con todos sus tropiezos, de democratización desde abajo, de reescribir el pacto social por fuera de las élites que lo habían custodiado.
La deriva autoritaria que asoma hoy es una respuesta contracíciclica que se da, precisamente, tras el agotamiento de ese ciclo (marcado por el fin del estallido, el fracaso de los procesos constituyentes y la pandemia con sus efectos sociales). No busca al narco ni al crimen organizado, busca clausurar la calle como el lugar donde esa democratización ocurrió, y disuadir su posible regreso.
Creo que verlo como proceso y no solo como coyuntura es una tarea que compete de manera especial a las humanidades y las ciencias sociales.
En ese sentido, hay un desafío importante que no solo tiene que ver con la responsabilidad de salir a nombrar esta deriva autoritaria cuando la reconocemos (la que plantea que ‘protesta es igual a delito’), sino con investigar y comunicar lo que esas investigaciones muestran: que la movilización social, lejos de ser una patología del orden, es un componente vital de la democracia, y que la protesta y la propuesta que emerge de los movimientos sociales ha sido un motor de derechos y reformas que ninguna élite concedió por iniciativa propia.
Estudiar el ciclo completo, y el efecto contracíclico que hoy vivimos, es la condición para entender de qué se trata realmente cuando se nos ofrece «seguridad» a cambio de desocupar calles y plazas.
Daniel Fauré Polloni
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