“Nos amenazan con quitarnos la colación si nos quejamos porque nos quitan el recreo”

El Ciudadano

Por Álvaro González Silva

En la política chilena, parece que la infancia y la juventud solo sirven para la foto de campaña o el discurso grandilocuente sobre el «futuro de Chile«. Sin embargo, cuando las luces de las cámaras se apagan y lo que queda es la frialdad de los decretos del Ministerio de Hacienda, la realidad es otra: somos la variable de ajuste, el ítem prescindible, la caja chica para que las cuentas de la macroeconomía cuadren.

El reciente recorte presupuestario de más de $3.800 millones al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) para el año 2026 no es solo una cifra en una planilla Excel; es un acto de violencia institucional. Y lo peor es la lógica paternalista y punitiva que lo acompaña. Como bien se siente hoy en las organizaciones sociales: «Nos amenazan con quitarnos la colación si nos quejamos porque nos quitan el recreo». Se nos pide silencio y sumisión ante el desmantelamiento de nuestros derechos, bajo la premisa de que cualquier queja podría significar un castigo presupuestario aún mayor.

Analicemos la magnitud del «tijeretazo». De los casi 3.900 millones recortados, más de $3.080 millones corresponden a gastos en personal. Seamos claros: recortar más de tres mil millones en personal no es un acto de austeridad fiscal, es abandonar los territorios. Para quienes vivimos en regiones, como en Los Ríos, sabemos que esto significa el fin de la presencia del Estado en las comunas. Sin equipos regionales, el Injuv se convierte en una oficina vacía en Santiago, dándole la espalda a la descentralización que tanto prometen los programas de gobierno.

Pero el ensañamiento no termina ahí. En un país donde la salud mental juvenil es una emergencia nacional, Hacienda decide amputar cerca de $187 millones al programa «Hablemos de Todo«. Es de una hipocresía brutal que el Ejecutivo posicione el bienestar emocional en sus discursos, mientras en la práctica les quita el salvavidas a miles de jóvenes. Desfinanciar la primera línea de apoyo psicológico no es ahorro; es una negligencia que Chile pagará muy caro.

Esta reducción vulnera el principio de no regresividad y nos trata como ciudadanos de segunda clase.

¿Qué mensaje le están enviando a las nuevas generaciones? Que nuestra participación no importa, que nuestro bienestar es transable y que nuestra voz debe ser silenciada. El recorte al Observatorio de Juventud y a los programas de desarrollo cívico solo confirma que no quieren juventudes informadas ni empoderadas; quieren juventudes dóciles que acepten el «recorte del recreo» sin cuestionar la «amenaza sobre la colación».

Bajo la óptica de los Derechos Humanos, las políticas sociales deben avanzar, nunca retroceder. Las juventudes no somos, ni aceptaremos ser, la caja chica del Estado para cuadrar la macroeconomía. Esta reducción vulnera el principio de no regresividad y nos trata como ciudadanos de segunda clase.

Como Consejo de la Sociedad Civil, rechazamos este chantaje. No nos vamos a quedar callados mientras hipotecan nuestra institucionalidad. El presupuesto de juventud debe ser una inversión en el tejido social, no un botín para la austeridad tecnocrática. Exigimos que se revierta esta medida y que el Estado asuma, de una vez por todas, que las juventudes somos sujetos de derecho aquí y ahora, no una moneda de cambio para sus balances financieros.

Por Álvaro González Silva

Presidente Nacional del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), Injuv.

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