Así lo expresó el legislador Marcos Barraza, en relación a la presentación que hizo la oposición ante el Tribunal Constitucional sobre contenidos del recién aprobado megaproyecto financiero y tributario promovido por el gobierno. “Hay fundamentos jurídicos sólidos respecto de la inconstitucionalidad de normas que hemos impugnado” enfatizó el diputado. Planteó que se trata de “una megareforma tributaria que tiene como propósito concentrar más la riqueza en el 1% más rico del país y desatender las necesidades sociales a partir de un Estado más débil”. Opinó que en el proceso vivido en el Congreso respecto a esta iniciativa, “el gobierno actuó con una lógica impositiva, despreciando las herramientas del debate político y de la construcción de acuerdos”. El congresista manifestó que ante la aprobación de este megaproyecto “el movimiento social, la ciudadanía, tiene que estar muy alerta y movilizada, defendiendo los activos del Estado, los derechos sociales garantizados por el sector público, que es lo que proporciona el bienestar social”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 22/7/2026. Saliendo de otra extensa jornada en la Cámara Baja, y a horas de que fuera aprobado el megaproyecto financiero y tributario promovido por el gobierno, el legislador Marcos Barraza declaró que “presentamos argumentos de peso. Hay fundamentos jurídicos sólidos respecto de la inconstitucionalidad de normas que hemos impugnado”, en referencia a contenidos de esa iniciativa que desde la oposición y expertos se considera que pasan por encima de la Constitución.
El diputado explicó: “El conjunto de la oposición, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, recurrimos el Tribunal Constitucional. Primero, cuestionando la constitucionalidad de la invariabilidad tributaria; no se trata de cantidad de años, pueden ser 25, 20 o 15 años, lo de fondo es que se perpetua un sistema tributario inamovible y eso afecta el principio democrático de soberanía tributaria, la potestad tributaria de futuros gobiernos y de futuros Congresos, en consecuencia, es una norma antidemocrática, daña y afecta el principio democrático y eso tiene claros visos de inconstitucionalidad. En segundo lugar, se establece que aquellas empresas cuyos proyectos sean anulados por resolución de calificación ambiental, por incumplimiento de normas ambientales, serán indemnizadas por el Estado, y eso es completamente inconstitucional; el Estado, según la megareforma, tiene que recurrir a sus activos y a su patrimonio para indemnizar algo que han incumplido los empresarios. En tercer lugar, en los proyectos de relocalización acuícola, se podrá hacer vía administrativa y eso vulnera el derecho a consulta indígena de las comunidades, en Chile está vigente el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y la Ley 19.253, instrumentos que protegen a los pueblos indígenas y que hacen obligatorio el procedimiento de consulta indígena; por tanto, esto también tiene inconstitucionalidad. En cuarto lugar, se establecen límites a las medidas cautelares y a los mecanismos de resolución de controversias por parte de tribunales ambientales, pasando de dos años a seis meses, lo que contiene una afectación”.
Marcos Barraza indicó que “en particular hice diez reservas de constitucionalidad que son fundamento para el requerimiento constitucional que se hizo en el Tribunal Constitucional” y enfatizó que “nos asiste la convicción de que son objetivas estas inconstitucionalidades y que el TC debiese fallar a favor de este requerimiento”.
Además, sostuvo que “por ejemplo, el único antecedente de invariabilidad tributaria es el Decreto 600 de la dictadura que estableció invariabilidad tributaria por diez años. Ahora son dos décadas, 20 años. Es primera vez que se va a dar un debate de esas características, constitucionalmente hablando, y creo que hay argumentos de peso para determinar la inconstitucionalidad de algunas normas”.
¿Qué escenario se abrió con la aprobación en el Congreso del megaproyecto financiero y tributario instalado por el gobierno?
El gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para imponer una mayoría circunstancial en un debate tan de fondo y tan profundo como es el sistema tributario, partiendo por un título engañoso, planteando que se trataba de una reconstrucción, en circunstancia que lo que menos tenía el proyecto era referido a reconstrucción, y es una megareforma tributaria que tiene como propósito concentrar más la riqueza en el 1% más rico del país y desatender las necesidades sociales a partir de un Estado más débil. Lo hizo con una mayoría circunstancial, pero lo más grave es que intenta desmantelar un sistema tributario con justicia fiscal, con justicia tributaria, e instalar una regresión histórica. Lo grave y delicado es que lo hace pretendiendo consagrarlo por más de veinte años, con una invariabilidad tributaria que es a todas luces inconstitucional. En los hechos, es instalar un candado tributario, perpetuar un sistema tributario injusto y regresivo. Hay que tener en cuenta que esto el gobierno lo hace con un alto nivel de desaprobación e insatisfacción ciudadana, la megareforma tributaria está vinculada al bencinazo, que fue un alza inédita del precio de los combustibles que golpeó a las familias chilenas, y está vinculado a los recortes presupuestarios. Eso generó una profunda insatisfacción social. Mi impresión es que, sin perjuicio de las herramientas que la oposición tenga que desplegar, y que ya estamos desplegando como es recurrir al Tribunal Constitucional, es que todo este se está convirtiendo en el Transantiago del gobierno, porque no tiene legitimidad ciudadana.
¿Usted abre una duda de que se cumplan los objetivos que dice el gobierno que va a lograr con su iniciativa? Porque el gobierno dice que habrá más empleo, más crecimiento, más inversión, mejores ingresos.
No hay ninguna evidencia comparada que demuestre que concentrar la riqueza en un mínimo de la población genera mayor crecimiento, más empleos y mejores ingresos para las familias. El mejor ejemplo es Estados Unidos donde el impuesto a las grandes empresas fue disminuido, pero el crecimiento no tuvo alza, más bien decreció, no cumplió con la meta establecida. Es una premisa errada y falsa. Mira, yo creo que lo que busca el gobierno es generar condiciones para generar una crisis económica de mayor calado que habilite la posibilidad de enajenar empresas públicas. Por lo mismo, el movimiento social, la ciudadanía, tiene que estar muy alerta y movilizada, defendiendo los activos del Estado, los derechos sociales garantizados por el sector público, que es lo que proporciona el bienestar social.
¿Cómo se comportó el gobierno en el proceso de discusión del proyecto, lo sintió abierto a la conversación, al diálogo, a consensuar acuerdos?
No, el gobierno no tuvo ninguna voluntad de construir acuerdos políticos. En la Cámara de Diputadas y Diputados impuso una mayoría circunstancial, en el caso del Senado la situación estaba más pareada. No hubo voluntad de diálogo ni de acuerdos políticos, en un tema tan sensible como el sistema tributario. El gobierno actuó con una lógica impositiva, despreciando las herramientas del debate político y de la construcción de acuerdos.
¿Cuáles son las características de un gobierno que instala este tipo de proyectos, de medidas, de caminos?
En primer lugar, un carácter autoritario. Contrario al debate democrático. Lo quiero ejemplificar con este dato: el proyecto de reforma en pensiones del presidente Gabriel Boric se demoró dos años en ser legislada, fue un debate en ambas Cámaras del Congreso, hubo mucho diálogo, búsqueda de acuerdos. Esta megareforma se demoró tres semanas en la Cámara de Diputadas y Diputados y tres semanas en el Senado, es un período extremadamente corto de legislación, y eso demuestra la ausencia de vocación democrática del gobierno y su incapacidad de construir acuerdos políticos. En segundo lugar, un gobierno extremo en lo neoliberal, que no cree en los derechos sociales. Rechazo a la idea de la importancia y el papel del Estado. Un carácter contrario a la justicia social, y una vocación privatizadora. Al final del día, el diseño político del gobierno es la enajenación de empresas públicas, una nueva oleada de privatizaciones, a contrapelo de las expectativas ciudadanas que valoran un Estado con capacidad de bienestar. Mira, este gobierno tiene una agenda en el plano económico y social absolutamente contraria a losa intereses sociales y colectivos, de las familias y las personas. Para eso, jibarizar al Estado es un paso fundamental desde una economía extremadamente neoliberal y de un gobierno autoritario. Además, tiene una lógica punitiva de las relaciones sociales, estableciendo enemigos sociales. Lo hizo con el proyecto de vándalos e incivilidades, en lo cultural tiene una visión contraria a las libertades personales.
Ahora y en un futuro mediano se aplicarán una serie de medidas en el marco de este megaproyecto, van a operar sus contenidos, por ejemplo, la rebaja de impuestos a las grandes empresas, ¿qué caminos le quedan a la oposición frente a eso?
Desde el Congreso se están utilizando todas las herramientas que posibilita la legislación, la Constitución, para hacerle frente y debilitar los efectos dañinos de esta reforma tributaria encubierta. Sin embargo, el principal camino que la oposición debe desplegar es la movilización social. Ese es el principal énfasis y esfuerzo, es el camino fundamental que asegura hacer prevalecer los derechos y las conquistas sociales ya alcanzados.
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