El Ciudadano
Por Rodrigo Gutiérrez Lobos, sociólogo
El asesinato de una inspectora en un colegio de Calama a manos de un estudiante ha vuelto a estremecer al país. Y como suele ocurrir cada vez que la violencia escolar alcanza un punto de horror difícil de procesar, el debate público se llena rápidamente de respuestas inmediatas, visibles y políticamente rentables. Una de ellas, por supuesto, es la instalación de detectores de metales en los establecimientos educacionales.
La reacción es comprensible. No es dado pedir frialdad cuando una comunidad educativa ha sido golpeada de una manera tan brutal. Hay dolor, miedo, rabia y una legítima sensación de desprotección. Naturalmente, muchas familias miran hoy la entrada de su escuela con una inquietud que antes no estaba ahí.
En ese contexto, cualquier medida que prometa control rápido parece razonable y deseable. Pero una cosa es comprender esa reacción, y otra muy distinta es legislar, interpretar una ley o definir política pública desde la pura conmoción.
De ahí, que lo primero que es necesario decir, con toda claridad, es que la nueva Ley 21.809 no es una ley sobre pórticos detectores de metales, por lo que reducirla a eso, como se ha hecho en parte de la discusión mediática, no solo es impreciso: es una forma empobrecedora de leer una norma bastante más ambiciosa.
Desde una lectura jurídica rigurosa, esa conclusión es insostenible. La ley no establece una autorización general ni automática para la instalación de este tipo de dispositivos. Lo que hace es abrir un espacio de coordinación con organismos de seguridad pública y permitir la implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos, dentro de un marco que aún debe ser desarrollado reglamentariamente.
En otras palabras, cualquier medida de este tipo estará sujeta a criterios estrictos de necesidad, proporcionalidad y adecuación al contexto, porque así lo indica textualmente esta ley. No se trata, por tanto, de una facultad discrecional de los establecimientos, ni mucho menos de una política general aplicable sin distinción; requerirá, al menos, haber agotado todas las otras instancias.
Es decir, la propia ley trata este recurso como algo acotado, delicado y restringido, no como la solución estrella del sistema.
Sin embargo, el problema no es solo jurídico. Es también cultural. Porque en una sociedad golpeada por la violencia, las medidas visibles suelen imponerse sobre las medidas eficaces. Un pórtico se fotografía. Un detector se muestra en televisión. Una revisión de mochilas produce la sensación de que “se está haciendo algo”. Pero esa visibilidad no debe confundirse con profundidad, ni mucho menos con efectividad; de lo contrario, no lograremos romper nunca el círculo vicioso de la violencia, ni tampoco su escalada.
Y ahí aparece el segundo punto, que resulta incómodo pero indispensable: existe evidencia contundente que NO respalda la idea de que los detectores de metales reduzcan la violencia escolar. A lo más, algunos estudios sugieren que pueden aumentar la percepción de seguridad de ciertas personas o dificultar el ingreso de algunos objetos. Pero no hay evidencia de que disminuyan la violencia como fenómeno y tampoco de que resuelvan sus causas.
En el mejor de los casos, mejoran la percepción, pero al mismo tiempo se advierte que podría generar una falsa sensación de seguridad; en otros casos, la violencia con armas metálicas se traslada a las afueras de los colegios, mientras que dentro de ellos, con la cultura de violencia intacta, un lápiz o una escoba pueden terminar con la vida de un niño o dejar en estado grave a una profesora, como lamentablemente sucedió en Recoleta hace unos años o el año pasado en la comuna de Trehuaco respectivamente (wested.org).
Y ese punto importa mucho. Porque cuando la conversación pública se concentra obsesivamente en el objeto —el arma, el fierro, el pórtico— deja fuera del foco todo lo que hace posible que una comunidad escolar llegue a ese nivel de deterioro.
La violencia grave no nace en el acceso del colegio. No empieza cuando alguien traspasa una puerta con un arma. Empieza mucho antes, en capas más profundas y menos visibles: en la discriminación, forma de violencia que más ha aumentado los últimos años; en la exclusión normalizada, en la humillación cotidiana, en la desatención de problemas de salud mental, en la incapacidad institucional para leer señales tempranas de sufrimiento y escalada del conflicto.
Ese es justamente el riesgo de discutir desde la punta del iceberg. Se debate sobre control de acceso, pero no sobre las formas de violencia no física que muchas veces se incuban durante meses o años, pero que al no percibirlas en el aula necesariamente como “disrupción”, se hacen invisibles.
Y aquí la nueva ley sí ofrece elementos que merecen ser tomados en serio. Porque su aporte principal no está en habilitar dispositivos de control, sino en fortalecer una mirada mucho más integral de la convivencia educativa.
A partir de esta norma el Estado asume un rol activo en la promoción del buen trato, la convivencia y la erradicación de la violencia. Ya no se trata solo de intervenir cuando el daño está hecho, sino de anticiparse con seriedad a los factores de riesgo; obliga a contar con equipos de convivencia, liderados por profesionales especializados; exige planes de gestión con objetivos y acciones concretas; releva e institucionaliza la educación socioemocional, la salud mental y la prevención de conductas suicidas; establece mecanismos de monitoreo; fortalece canales de denuncia y promueve una articulación más decidida entre educación, salud, niñez y seguridad.
Sin duda esta es una ley incómoda; no satisface a quienes buscan respuestas punitivas rápidas, pero tampoco se queda en un idealismo ingenuo. Su fortaleza radica precisamente en esa tensión: intenta equilibrar la necesidad de resguardar la seguridad con la obligación de proteger derechos.
Su debilidad, en cambio, estará en la implementación. La carga administrativa, la desigualdad de recursos entre establecimientos y la dependencia de reglamentos futuros pueden afectar su efectividad real. Y que el costo de toda esa sobrecarga de nuevas obligaciones, recaiga, por cierto, en las ya precarizadas comunidades educativas y sus trabajadores y trabajadoras.
Eso no es menor. De hecho, ahí está probablemente el cambio más significativo respecto del escenario previo. Durante demasiado tiempo, la convivencia escolar en Chile ha descansado en una mezcla inestable de buena voluntad, sobrecarga administrativa, protocolos fragmentados y respuestas tardías.
La tiranía de la evidencia ha burocratizado tanto la gestión, que muchas veces las escuelas deben invertir gran parte de sus energías en cumplir, dejando solo energías residuales a lo humanamente esencial. Se registra, se deriva, se documenta, se responde formalmente. Pero eso no siempre significa que se escuche, se comprenda o se intervenga a tiempo. Y cuando a una institución la inercia la arrastra a funcionar así, lo más grave puede seguir siendo invisible ante una comunidad agotada que ya no alcanza a distinguir entre una señal de alerta y un episodio más de la rutina escolar.
Por eso, sería un error político y pedagógico enorme que esta ley quedara reducida al debate sobre pórticos. No solo porque jurídicamente eso es falso, sino porque además desplaza la discusión hacia el terreno más superficial de todos: el de las respuestas que tranquilizan a corto plazo, pero no transforman nada de fondo.
Nadie sensato puede mirar el caso de Calama sin sentir conmoción. Nadie serio debiera cuestionar el miedo de las familias ni minimizar el impacto que provoca una tragedia así. Pero precisamente por respeto a ese dolor, no corresponde convertirlo en combustible para una discusión simplista. Una comunidad devastada merece algo mejor que una política del gesto.
Chile necesita discutir menos sobre fierros y más sobre convivencia. Menos sobre pórticos y más sobre salud mental. Menos sobre control espectacular y más sobre capacidad institucional de prevención. Menos sobre la puesta en escena de la seguridad y más sobre las condiciones reales que permiten cuidar a estudiantes, docentes, asistentes y familias.
Si la nueva ley termina siendo recordada como “la ley que permite detectores de metales”, habremos fracasado en leerla. Y, peor aún, habremos vuelto a hacer lo que tantas veces hacemos frente a la violencia: mirar donde es más fácil, no donde es más necesario.
Porque una escuela segura no es solo la que detecta objetos peligrosos al entrar. Es, sobre todo, la que sabe reconocer a tiempo el dolor, la exclusión, la desesperanza y la violencia antes de que ya sea demasiado tarde.
(*) Rodrigo Gutiérrez Lobos es sociólogo y director ejecutivo de Fundación Convivo. Sitio web: convivo.cl. Instagram: @fundacionconvivo
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