Nuevo jefe del Inpe podrá ser deudor de alimentos: Gobierno reduce requisitos para dirigir las cárceles del Perú

Nuevo jefe del Inpe podrá ser deudor de alimentos: Gobierno reduce requisitos para dirigir las cárceles del Perú

Luego de un mes sin un presidente en el Instituto Nacional Penitenciario, la administración de Dina Boluarte redujo los requisitos mínimos para ser nombrado en el cargo. Se ha eliminado la necesidad de tener “idoneidad profesional”

Luego de haber pasado más de un mes en la búsqueda de un nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y de que el exministro Gustavo Adrianzén haya indicado que se nombraría un titular de esta entidad, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió reducir los requisitos mínimos básicos para que un funcionario sea nombrado como jefe de las cárceles del Perú

El Decreto Supremo N°009-2025-JUS, emitido por el Ministerio de Justicia, firmado por la presidenta Boluarte, y publicado esta mañana en el Diario Oficial El Peruano, hace oficial la eliminación de requisitos como “No ser deudor alimentario”, y “Gozar de idoneidad profesional”, de la lista de consideraciones que se deben tomar en cuenta para elegir al nuevo jefe del Inpe.

¿Qué modificaciones se hicieron en la lista de requisitos?

Hasta ayer, la lista completa de requisitos para ser nombrado en el cargo era la siguiente:

1. Ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio;
2. Ser profesional con conocimientos en asuntos criminológicos y/o penitenciarios;
3. Tener título profesional otorgado por una universidad;
4. Contar con experiencia general por un período no menor de diez (10) años, de los cuales cinco (05) años deben ser en la función o la materia;
5. Contar con cinco (05) años de experiencia en puestos o cargos de directivo o nivel jerárquico similar en el sector público o privado, y acreditar no menos de cuatro (04) años en entidades públicas, los cuales pueden formar parte de los diez (10) años de experiencia general. El nivel jerárquico similar es el establecido en la normatividad vigente;
6. No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para el ejercicio de la función pública. Tampoco haber tenido previamente una inhabilitación administrativa o judicial;
7. No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales;
8. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), o en su defecto, acreditar el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva a la autorización del descuento por planilla, o por otro medio de pago, del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos;
9. No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directivos en personas jurídicas declaradas en insolvencia”

Pero desde la publicación del Decreto Supremo N°009-2025-JUS esta mañana, la lista actual es esta:

1. Ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio
2. Título profesional otorgado por universidad
3. Ser profesional con conocimientos en asuntos criminológicos y/o penitenciarios o afines.
4. Experiencia general mínima de ocho (08) años en el sector público y/o privado.
5. Experiencia específica mínima de cinco (05) años en puestos y/o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo ser este periodo, parte de los ocho años de experiencia general.
6. No contar con antecedentes penales ni policiales.

En la nueva lista se elimina la necesidad de “No tener inhabilitación vigente para contratar con el Estado ni para el ejercicio de la función pública al momento de ser postulado para el cargo” y “No haber sido declarado insolvente”.

Nuevos requisitos son temporales

Sin embargo, el documento emitido por el gobierno también señala que estas disposiciones son “temporales” hasta el 31 de diciembre del 2025, pues están enmarcadas en el Decreto de Urgencia del pasado 10 de mayo, que dispone la intervención coordinada del Estado en Pataz.

Según la Sexta Disposición Complementaria Final de este Decreto de Urgencia, “se exonera al Instituto Nacional Penitenciario” de la aplicación la ley que garantiza la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública.

“(...) A efectos de realizar la designación o encargo de los puestos de director, subdirector de seguridad, jefe de división de seguridad, jefe de departamento de seguridad y/o jefe de sección de seguridad penitenciaria de los establecimientos penitenciario”, según lo indica el Decreto.

Más de un mes sin jefe del Inpe

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no cuenta con un presidente del Consejo Nacional Penitenciario desde el pasado 23 de abril, cuando su exjefe, Javier Llaque, renunció al cargo luego de la fuga de un interno del penal de Lurigancho. Gustavo Adrianzén, en ese entonces titular del Consejo de Ministros, indicó en una conferencia de prensa que la dimisión fue aceptada de inmediato.

Dos días después, el 25 de abril, Adrianzén afirmó ante la prensa que “no estamos en condiciones, ahora mismo, de decirle si será más tarde o mañana (...) Lo que sí puedo asegurar es que se está realizando un minucioso proceso de selección desde el Ministerio de Justicia. En los próximos días ya tendremos una respuesta definitiva”.

No fue hasta el 10 de mayo que se hizo oficial que sería el vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario, Marlon Wilbert Florentini Castañeda, asumiría temporalmente el cargo de jefe del Inpe “en adición a sus funciones y en tanto se designe a su titular”, según lo indica su resolución de nombramiento.

Es decir que, luego de más de un mes, el sistema penitenciario a nivel nacional sigue en un interinato en medio de una crisis de hacinamiento en las cárceles y que podría llevar, por decisión del Tribunal Constitucional, al cierre de prisiones y traslado de internos en el año 2030 si el próximo gobierno no hace nada al respecto.

Este plazo de cinco años se tomó luego de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no haya resuelto a tiempo el hacinamiento en los penales de Chanchamayo (553 %), Jaen (522 %), Callao (471 %), Camaná (453 %), Abancay (398 %), Miguel Castro Castro (375 %), pues el plazo original era de 5 años, hasta el 26 de mayo del 2025.