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Así lo proyecta un estudio de la consultora Qualimet, solicitado por el Consejo Consultivo Previsional. Estima que habrá “un crecimiento sostenido y acelerado del gasto fiscal” en la población migrante beneficiaria de la PGU, pasando de entre US$50 y US$60 millones en 2025 a más de US$1.600 millones hacia 2050. El número de beneficiarios superaría las 500 mil personas a esa fecha.