El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó este martes la falta de transparencia de los recientes decretos aprobados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que establecen el estado de conmoción externa, al advertir que su contenido no ha sido publicado y que esta opacidad “protege las medidas del escrutinio y dificulta cualquier evaluación de su compatibilidad con el Derecho Internacional”.

El estado de conmoción externa está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana y puede decretarse ante un conflicto externo que ponga en riesgo la seguridad nacional, a la población o a las instituciones del Estado. Esta figura otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios, entre ellos la movilización de tropas, la restricción de derechos civiles y el control de los medios de comunicación.

El Gobierno de Caracas ha justificado la adopción de esta medida en el contexto de las tensiones regionales derivadas de las operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe contra el narcotráfico y ante la eventual posibilidad de una intervención de Washington en territorio venezolano.

En este marco, Turk expresó su preocupación por “el impacto que la intensificación de la presión militar estadounidense tendrá sobre los derechos humanos” y reiteró su llamado a Estados Unidos para que “utilice métodos de aplicación de la ley establecidos” para enfrentar el tráfico ilícito de drogas. “La historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando la confrontación se intensifica, quienes quedan atrapados en el fuego cruzado son las personas comunes, no los criminales ni quienes ostentan el poder”, sostuvo.

Asimismo, instó a los países que acogen a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos a “garantizar su protección internacional”, considerando la “precaria situación de los derechos humanos” que atraviesa el país.

Intensificación de la represión y militarización

El jefe de Derechos Humanos de la ONU alertó además que en los últimos meses “la represión del espacio cívico se ha intensificado” en Venezuela. “La vida pública se está militarizando aún más, lo que aumenta el riesgo de violencia en una sociedad que ya enfrenta altos niveles de delincuencia”, señaló en un comunicado.

Según explicó, su oficina ha recibido denuncias de alistamiento forzado que incluirían a adolescentes y personas mayores. También calificó de “igualmente impactantes” los relatos sobre supuestos llamados de las autoridades a denunciar a familiares, vecinos y compañeros de trabajo mediante una aplicación móvil patrocinada por el Estado, prácticas que —advirtió— “generan miedo, desconfianza y autocensura”.

Turk denunció además que periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos e incluso trabajadores humanitarios continúan enfrentando amenazas, hostigamientos y el riesgo de detenciones arbitrarias “simplemente por hacer su trabajo”. En este sentido, mencionó como señal preocupante la reciente detención de José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que —dijo— envió “un mensaje escalofriante” a los trabajadores del país.

El Alto Comisionado volvió a manifestar inquietud por las condiciones de detención, la escasez persistente de alimentos y medicinas, y la restricción de visitas familiares. Indicó que su oficina ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024, entre ellas la del opositor Alfredo Díaz, y pidió investigaciones prontas e independientes.

También alertó sobre el aumento de traslados de detenidos a paraderos desconocidos, algunos de los cuales podrían constituir desapariciones forzadas. En centros de detención como El Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro —precisó— se mantiene a personas incomunicadas, sin contacto con familiares ni abogados, en violación de sus derechos fundamentales.

Turk subrayó además el incremento de represalias contra familiares de disidentes. Desde julio, la ONU ha documentado la detención de al menos 17 personas —en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores— vinculadas a la actividad de sus familiares, mientras que se desconoce el paradero de otros 12.

Si bien reconoció la liberación de al menos 51 personas desde su último informe y que 23 ciudadanos extranjeros han recibido visitas consulares, el Alto Comisionado insistió en la liberación de quienes permanecen detenidos arbitrariamente, entre ellos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, así como de cuatro adolescentes que continúan privados de libertad.

Finalmente, expresó preocupación por los intentos de retirar la nacionalidad venezolana a figuras de la oposición y condenó el asesinato de líderes indígenas en los últimos años, incluyendo los casos de Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y, más recientemente, Cesáreo Panapera.