El 12º Juzgado de Garantía de Santiago decretó durante la noche de ayer, la prisión preventiva de 62 civiles —entre ellos 45 exgendarmes— imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho —simple y agravado— y soborno, ilícitos que se habrían cometido desde 2020 en distintos recintos penitenciarios de la Región Metropolitana.
En la audiencia de formalización de la causa, el magistrado Francisco Ramos ordenó el ingreso inmediato de los imputados a prisión, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación. Asimismo, fijó un plazo de 300 días para el desarrollo de la investigación.
Al fundamentar su decisión, el juez sostuvo que los hechos investigados configuran “corrupción institucional sistémica”, destacando que las conductas imputadas no corresponden a faltas aisladas, sino a redes criminales organizadas que transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo. En ese contexto, afirmó que la prisión preventiva es la única medida idónea y proporcional para resguardar los fines del procedimiento, dada la gravedad de los delitos y su impacto en uno de los ámbitos más sensibles del Estado: el control legítimo de la privación de libertad.
Según la Fiscalía, los imputados integraban diversas células criminales compuestas por civiles, internos y funcionarios de Gendarmería, cuyo objetivo era ingresar a los penales —principalmente Santiago Uno y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín— celulares, drogas, alimentos, vestimenta y otros elementos prohibidos, a cambio de pagos. La investigación también reveló la existencia de sobornos, comercio sexual al interior de los recintos, manipulación de traslados de internos y la reventa de especies incautadas, además de operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de las ganancias mediante testaferros, cuentas bancarias y adquisición de bienes, configurando delitos de lavado de activos.
En jornadas previas, tras doce días de audiencia, el tribunal había decretado medidas cautelares menos gravosas para siete imputados, cinco de ellos con firma mensual y arraigo nacional, y otros dos en prisión preventiva, por acuerdo de sus defensas.
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