Nuevos antecedentes se conocieron este domingo sobre la denominada Operación Tokio, investigación que permitió desarticular una organización presuntamente vinculada al lavado de activos y al crimen organizado. De acuerdo con la Fiscalía, la red habría blanqueado cerca de $75 mil millones y enviado más de 84 millones de dólares al extranjero.
Durante la audiencia de formalización de 17 imputados, se confirmó la participación de una segunda funcionaria bancaria entre las personas detenidas. Los acusados enfrentan cargos por lavado de activos, asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, cohecho y contrabando.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, informó que una de las formalizadas aseguró desempeñarse como ejecutiva de BancoEstado.
La trabajadora bancaria se suma al caso de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años que se desempeñaba como ejecutivo en Banco Santander y que fue detenido durante el operativo realizado la semana pasada.
Funcionarios bancarios habrían sido captados por la organización
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la red buscaba incorporar personas con conocimientos del sistema financiero para facilitar el movimiento de grandes cantidades de dinero y dificultar el rastreo de los recursos.
Barros explicó que los ejecutivos bancarios eran contactados mientras trabajaban en distintas entidades financieras. Posteriormente, eran integrados a operaciones destinadas a ocultar el origen y destino de los fondos.
La investigación sostiene que Pérez Asencio habría cumplido un rol relevante en la movilización de recursos hacia las empresas Bex Group, también conocida como Bexvida, y Bex Digital. Ambas sociedades fueron creadas por ciudadanos venezolanos que estarían relacionados con la estructura investigada.
Cómo funcionaba el esquema de lavado de activos
La Fiscalía detalló durante la audiencia que el dinero era distribuido en múltiples cuentas corrientes y de ahorro para fragmentar los montos y hacer más complejo su seguimiento.
El mecanismo contemplaba transferencias a distintas personas, quienes luego efectuaban nuevas operaciones financieras entre diversas cuentas. Tras varios movimientos, los recursos terminaban nuevamente concentrados en cuentas controladas por miembros de la organización.
Posteriormente, los fondos eran derivados a empresas de papel y otras sociedades, algunas de ellas con actividades legales. Desde esas entidades, el dinero era enviado al extranjero, perdiendo su trazabilidad.
Prisión preventiva para la mayoría de los imputados
El tribunal decretó la prisión preventiva para 14 de los imputados tras analizar los antecedentes presentados por la Fiscalía.
Además, la justicia fijó un plazo de 150 días para la investigación. Durante ese período se continuarán desarrollando diligencias para esclarecer el funcionamiento de la organización y determinar el destino de los recursos presuntamente lavados.
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