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SEÑOR DIRECTOR:

En distintas entrevistas recientes, Francisca Toledo, titular de Medio Ambiente, insiste en la importancia de aprobar la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que se discute en la Cámara de Diputados. Recalca que llevamos 10 años discutiendo una reforma y que está todavía ha sido esquiva. Justamente por eso sería una oportunidad perdida aprobar esta reforma, que contiene mejoras marginales y ajustes parciales, pero mantiene incólume la lógica y estructura de un proceso de evaluación que se ha vuelto cada vez más disfuncional.

Quizás el principal aspecto discutido en el proyecto ha sido qué hacer con el Comité de Ministros, esa instancia política que toma decisiones técnico-ambientales. La forma en que opera hoy es inadecuada, es indeseable que un órgano político revise decisiones técnicas como las medidas de mitigación y compensación de un proyecto. Pero también es un error pretender que esa evaluación, al menos en lo que se refiere a grandes proyectos con grados importantes de conflictividad, no tiene un importante componente político, y que quienes diriman ese conflicto deben ser autoridades que rindan cuenta ante la ciudadanía.

La solución no es entonces reemplazar este órgano por uno técnico, como pretendía el gobierno anterior, ni tampoco mantener el statu quo, como pretende el actual. Es cambiar el diseño del proceso para que la decisión sobre la viabilidad del proyecto se tome al inicio por políticos en base a insumos técnicos, y las decisiones técnico-ambientales se tomen al final del mismo, por técnicos. Eso requiere un proyecto de ley más ambicioso y complejo que el que hoy se discute.

José Antonio Valenzuela

Director ejecutivo de Pivotes