El Ciudadano
Esta viernes, diversas organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos llegaron hasta el Ministerio de Justicia para entregar una carta abierta contra la impunidad. Tras la presentación del documento, su lectura pública continuó en el monolito de Salvador Allende, donde las agrupaciones expresaron su preocupación e indignación frente a una serie de decisiones y procesos que, a su juicio, representan un grave retroceso en materia de Memoria, Verdad y Justicia en Chile.
En la carta, leída por Engracia Palominos, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Iquique y Pisagua, manifestaron su preocupación e indignación con una series de decisiones y procesos que — en sus palabras— constituyen un grave retroceso en materia de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país.
Las agrupaciones señalaron que llevan más de cinco décadas exigiendo verdad y justicia por los crímenes realizados en la dictadura de Augusto Pinochet y que hoy se enfrentan “a una agenda promovida por la derecha tradicional y la ultraderecha, que busca perpetuar la impunidad, nos vemos obligadas a alzar la voz una vez más”, declararon.
El primer punto señalado es su total rechazo al proyecto de conmutación de penas bajo los pretextos de “avanzada edad” o “enfermedades crónicas”, para las agrupaciones esta iniciativa configura una estrategia de impunidad judicial orientada a minimizar el horror y a relativizar el terrorismo de Estado.
“Resulta una aberración que dolencias propias de la vejez se transformen en justificación para que genocidas y torturadores eludan la acción de la justicia. Los criminales beneficiados no han mostrado arrepentimiento alguno ni han entregado información sobre el paradero de nuestros familiares”, sentenciaron.
Además, recordaron que el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son categóricos al señalar que los beneficios penitenciarios excesivos otorgados a violadores de derechos humanos resultan inaceptables, ya que despojan de sentido a las condenas y terminan convirtiéndose en una forma de negar justicia.
El segundo punto planteado fue la exigencia de restituir el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos. Para las agrupaciones, el retiro de este instrumento constituye una señal de alerta, ya que su debilitamiento o abandono implicaría un grave retroceso democrático y una afrenta para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
“Las políticas de Estado en materia de Derechos Humanos deben trascender a los gobiernos de turno. Exigimos que los 175 compromisos adquiridos sean respetados integramente”, agregaron.
El último punto expuesto fue la urgencia en el Plan Nacional de Búsqueda, donde declararon que tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto, este se transformó en una política pública permanente y obligatoria. Para las agrupaciones la búsqueda de sus familiares es un deber ético que no debe quedar sujeto a voluntades políticas ni a la indiferencia institucional.
“Para nosotros, el «Nunca Más» no es una consigna: es un estándar ético y jurídico que la democracia no puede relativizar. Un Estado que debilita el cumplimiento efectivo de las penas incurre en un grave retroceso democrático y traiciona el compromiso con la verdad. Exigimos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un canal permanente de diálogo con las víctimas del terrorismo de Estado y el cumplimiento irrestricto de los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile”, concluyeron.
Al final de la lectura, Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, declaró que las señales que ha mandado el presidente Kast en su campaña y los hechos que denunciaron en la declaración pública es “peor”.
Además, Lira declaró que en primer lugar, este gobierno nombró como ministro de justicia y derechos humanos a un representante del dictador Augusto Pinochet, sostuvo que esa primera designación no fue un hecho aislado, sino parte de una orientación política que, a juicio de las organizaciones, enciende las alarmas respecto del compromiso real del futuro gobierno con la verdad, la justicia y la reparación.
Por último, recalcó que la movilización y la presencia pública de las agrupaciones se vuelven indispensables ante señales que consideran amenazantes para los avances alcanzados en materia de derechos humanos.
A continuación puedes revisar las agrupaciones firmantes:
Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos de la Serena
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles
Agrupación de Familiares de Detenido Desaparecidos, Linares
Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos, Mulchén
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Liquiñe
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral
Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Laja San Rosendo.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua
. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso
Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno
Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos de Desaparecidos de Antofagasta
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD)
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
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