Diversas organizaciones de derechos humanos de la región del Maule manifestaron su rechazo categórico a la decisión del Gobierno de revertir la expropiación de la ex Colonia Dignidad, uno de los sitios más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente del país.
A través de una declaración pública emitida en Talca, la Mesa María Isabel Beltrán Sánchez: Cultura, Memorias y Derechos Humanos —junto a agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y organizaciones de memoria— calificó la medida como “una señal política gravísima” y una “ofensiva negacionista” que relativiza los crímenes cometidos en el enclave.
Cuestionamientos al Gobierno
El documento apunta directamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje, acusando que la decisión de revertir la expropiación no solo desconoce el principio de progresividad en materia de derechos humanos, sino que también vulnera compromisos internacionales suscritos por Chile, como el Memorándum de Entendimiento firmado con Alemania en 2017.
Las organizaciones firmantes sostienen que no aceptarán que la memoria quede subordinada a “ajustes presupuestarios” ni que se minimice su importancia tratándola como un gasto prescindible. En esa línea, recalcan que la transformación del lugar en un sitio de memoria, verdad y reparación es una obligación del Estado.
“Un retroceso inaceptable”
El texto también critica duramente los argumentos utilizados para justificar la medida, señalando que comparar la recuperación del sitio con proyectos de inversión o iniciativas privadas refleja una profunda desconexión con la historia y el dolor de las víctimas.
“Caricaturizar la lucha por revertir un sitio de horror en un espacio de memoria es una indolencia no vista en muchos años en una autoridad”, señala la declaración.
Asimismo, advierten que las acciones de administraciones pasadas no justifican el retroceso actual y recalcan que la lucha contra la impunidad no se detendrá “por decreto”.
Exigencias al Estado
Finalmente, las organizaciones exigieron al Gobierno revertir la decisión y cumplir con su deber democrático en materia de justicia y reparación, garantizando que la ex Colonia Dignidad sea investigada y convertida en un sitio de memoria de carácter urgente.
“La memoria no se negocia, no se posterga ni se subordina a la lógica del ajuste y el mercado”, concluye el comunicado.
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