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Ivonne Malaver

Miami (EE.UU.), 20 jul (EFE).- El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) expresó este lunes en entrevista con EFE su confianza en que enfrentará en libertad el proceso judicial por fraude y lavado de activos en esa nación, y en que contará con las garantías de seguridad del Estado para el regreso a su país, previsto para el próximo domingo.

En una entrevista virtual con EFE desde Florida, el exmandatario señaló que partirá el próximo domingo a las 8:00 de la mañana hora local (12:00 GMT) desde "un aeropuerto de Miami" en un vuelo privado con destino al Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, situado a unos 70 kilómetros de Tegucigalpa.

Precisó que, aunque aún no ha recibido una notificación oficial sobre su solicitud presentada "hace seis meses" para enfrentar el proceso en libertad, confía en que su caso seguirá las mismas pautas aplicadas a otros acusados.

"Todos los demás involucrados en ese proceso se presentaron voluntariamente; la mayoría de ellos ya fueron liberados de sus cargos, están en libertad y los demás siguen un proceso común y corriente", manifestó sobre la acusación, que también involucró al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014)

"En el caso mío, particularmente no veo ningún inconveniente en lo absoluto (para estar en libertad)", indicó Hernández.

Subrayó que "otro expresidente", en referencia a Lobo "tenía las mismas condiciones mías y (...) sus cargos fueron desestimados en la audiencia inicial, y por el contexto de los restantes participantes en el proceso también la mayoría de ellos fueron ya desestimados sus cargos".

Hernández, de 60 años, dijo además que el regreso a su país supone el reencuentro con su familia y el cierre de su capítulo en Estados Unidos tras la extradición desde Honduras en 2022 por una acusaciones de narcotráfico en Nueva York.

"Soy alguien nacido en el sector rural de Honduras. Cuando uno nace como decimos en Honduras tierra adentro, el sentimiento es diferente a alguien que ha nacido en una ciudad. Uno es muy apegado a la tierra. Y para mí regresar a mi tierra no es negociable", indicó.

A finales de 2025, el político hondureño fue indultado por el  por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Sobre si la investigación recabada en este caso influirá en el proceso que enfrenta en Honduras, donde tiene prevista para el 3 de agosto una audiencia de imputación de cargos, el expresidente respondió que espera "lo contrario", pues aseguró que tiene "interés en usar esa información" en su defensa.

En ese sentido dijo había pedido al juez estadounidense que la "información de mi juicio fuera desclasificada para que de ahí saliera la verdad".

Por otro lado, aseguró que confía en su seguridad personal cuando regrese a Honduras, al señalar que, como expresidente, tiene garantizada la protección del Estado frente a los riesgos que, según dijo, se derivan de su combate contra el narcotráfico y la delincuencia durante su mandato.

"El Estado de Honduras está en la obligación de proteger a sus ciudadanos y en este caso particular mío; también estoy en una 'categoría uno' de protección y estoy convencido que el estado está con sus instituciones dando esas garantías de protección", indicó.

Igualmente, manifestó que no ha hablado directamente sobre el caso con el Gobierno del presidente Nasry Asfura, con quien mantiene afinidad política dentro del conservador Partido Nacional de Honduras.

Explicó que solo conversó del tema con Asfura cuando este ganó la Presidencia en 2025 y le comentó que regresaría a Honduras "en su momento". Agregó que desde entonces ha sido su familia en el país la que ha mantenido contacto con "el equipo de seguridad de Honduras, el Ministerio de Seguridad y la unidad especial de protección" para coordinar su retorno.

El exmandatario explicó que su defensa será "bien simple", al sostener que, como presidente del Congreso Nacional de Honduras entre 2010 y 2014, no administraba los fondos que son objeto del proceso judicial en su contra

"Quien los administra es (la) pagaduría especial del Congreso", indicó.

Reiteró que se trata se trata de un caso de "persecución política" y que la mayoría de los casos "ya fueron desestimados". EFE

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