El Ciudadano
OTJ solicita a Suprema apertura de sumario en contra de las ministras Adelita Ravanales Arriagada y María Gajardo Harboe por millonario contrato a empresa
La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) presentó una denuncia formal ante el Pleno de la Corte Suprema en contra de las ministras Adelita Ravanales Arriagada y María Gajardo Harboe, solicitando la apertura de un sumario administrativo por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato informático por más de $472 millones.
Según expone la organización, el Poder Judicial habría asignado mediante trato directo un contrato para la modernización del Portal Unificado de Sentencias a la empresa Replai SpA, firma que al momento de la adjudicación tenía solo un año de existencia, no contaba con experiencia previa comprobable, no registraba facturación y carecía de respaldo financiero suficiente para presentar boletas de garantía. Pese a ello, la contratación se justificó invocando la causal de “confianza derivada de experiencia comprobada”, la que —a juicio de la OTJ— no se cumpliría en este caso.
La denuncia recoge y amplía antecedentes publicados por Radio Bío-Bío en enero de 2026, donde se detalla el rol que habrían tenido ambas ministras en la promoción del proyecto ante el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), incluyendo su participación en sesiones extraordinarias y la presentación directa de los representantes de la empresa beneficiada. Asimismo, se cuestiona la posterior autorización de mecanismos de garantía alternativos, debido a la imposibilidad de la empresa de acceder a instrumentos financieros tradicionales.
El documento también señala que en enero de 2024 se intentó ampliar el contrato por montos superiores a los $1.000 millones, iniciativa que finalmente no prosperó, y que frente a denuncias internas sobre eventuales irregularidades se habrían promovido acciones para investigar al denunciante, lo que la organización considera un intento de inhibir la fiscalización interna.
En su presentación, la OTJ sostiene que los hechos podrían configurar graves responsabilidades disciplinarias, incluyendo incumplimiento de la normativa de compras públicas, vulneración del principio de probidad, uso indebido de influencias, falta de abstención, manejo imprudente de recursos públicos y contravención al Código de Ética Judicial. Por ello, solicitó la apertura inmediata de un sumario administrativo, la suspensión de las ministras mientras dure la investigación y la aplicación de las máximas sanciones que contempla el ordenamiento jurídico, si así lo determinan los resultados del proceso.
Finalmente, la organización pidió ser notificada formalmente de las resoluciones que adopte la Corte Suprema en el marco de esta denuncia.
Revisa en enlace la denuncia íntegra (PDF)
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