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SEÑOR DIRECTOR:

A un año del escándalo de licencias médicas, el Estado enfrenta otro síntoma de la misma patología: miles de funcionarios públicos figuran morosos del CAE, incluidos empleados judiciales y magistrados. Que el Pleno de la Corte Suprema los haya conminado a regularizar sus deudas, y que un gremio respondiera alegando falta de atribuciones para exigírselo, retrata el problema.

Un juez no es un ciudadano más. Imparte justicia, exige cumplimiento e impone sanciones. Por eso su estándar es mayor que el de cualquier otro. Su autoridad no descansa solo en la ley, sino en la confianza pública en su rectitud. El propio Código de Ética Judicial (2025) exige “muestras inequívocas” de integridad, dentro y fuera del tribunal, y “conciencia institucional”, entendiendo que sus actos afectan la imagen y credibilidad del Poder Judicial.

En un país donde las personas comunes enfrentan la cobranza inmediata de sus deudas, con multas e intereses, resulta obscena la tolerancia del Estado con el incumplimiento sistemático de quienes ejercen una función pública y, en particular, la potestad jurisdiccional. No está en juego el CAE, sino la legitimidad de quienes custodian el imperio de la ley. Integridad y coherencia no son opcionales: son el mínimo exigible.

Jorge Jaraquemada R.

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán