El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma que condicionará a la cooperación en materia de control migratorio y readmisión de migrantes deportados por parte de países en desarrollo el acceso a las preferencias comerciales que la Unión Europea ofrece a estos países vulnerables para que puedan exportar al mercado común con aranceles muy bajos o nulos.
La revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) fue acordada el pasado diciembre entre los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos), pero aún estaba pendiente de esta votación y de la próxima validación formal por parte de los Veintisiete para su entrada en vigor y aplicación durante un periodo de diez años.
En concreto, el nuevo marco permitirá retirar estas ventajas arancelarias a un país determinado "si no coopera con la Unión Europea en la readmisión de sus nacionales"; aunque será la Comisión Europea quien deberá "supervisar" el cumplimiento de las nuevas obligaciones y quien tendrá la potestad para actuar con las medidas de represalia.
En la negociación, los eurodiputados lograron introducir "criterios más estrictos" para activar esta condicionalidad, por ejemplo que se deba iniciar un procedimiento de evaluación vinculante con el país tercero "de al menos doce meses" antes de tomar ninguna medida.
Además, se prevé un periodo de transición de dos años desde la entrada en vigor de la reforma del SPG antes de que la "condicionalidad de readmisión" sea aplicable a los países menos desarrollados.
La reforma incorpora también varios convenios internacionales de Derechos Humanos y medio ambiente a la lista de Tratados internacionales que los países participantes deben ratificar para beneficiarse de las preferencias comerciales; incluido el Acuerdo climático de París, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño.
NUEVA SALVAGUARDA PARA PROTEGER EL ARROZ DE LA UE
El nuevo marco de preferencias comerciales incluye otras modificaciones como una salvaguarda específica para las importaciones de arroz a la Unión Europea. Se trata de un mecanismo específico para este sector considerado "sensible" para los productores europeos, que se activará de manera automática si se supera el umbral de importaciones fijado para un determinado país tercero exportador.
De este modo, se establecen contingentes arancelarios para el arroz y, en caso de un aumento "significativo" de las importaciones de este alimento por encima del promedio histórico de la UE, se aplicará un arancel de nación más favorecida durante un periodo determinado con el que mitigar el riesgo de "perturbaciones graves en el mercado arrocero europeo". El acuerdo, además, aclara que este tipo de mecanismo automático no deberá aplicarse a otros productos agrícolas distintos al arroz.
Además, el acuerdo delimita también medidas de salvaguardia específicas en las importaciones de textiles y etanol para los países SPG y SPG+, pero no serán de aplicación para los países clasificados como 'Todo menos armas' (EBA, por sus siglas en inglés), en donde se enmarcan los países menos desarrollados.
De hecho, las salvaguardas previstas para los grupos SPG y SPG+ sólo se aplicarían si el valor de estas importaciones procedentes del país afectado superara el 6% del valor total de las importaciones de la UE del producto afectado y el 47% de las importaciones de todos los beneficiarios del SPG.
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