El Ciudadano
En un proceso marcado nuevamente por la utilización de «testigos secretos», se inició en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio oral del denominado «Caso Lautaro», donde 5 comuneros mapuche enfrentan penas de más de 70 años según las imputaciones del Ministerio Público.
Los hechos ocurrieron en 2022 en el fundo San Luis, ubicado en la comuna de Lautaro, Región de La Araucanía. Los acusados son Pelentaro Llaitul Pezoa -hijo del dirigente histórico de la CAM, Héctor Llaitul-, Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez.
A todos ellos, la Fiscalía les imputa los delitos de robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de armas prohibidas y tenencia ilegal de municiones, por lo que se solicitan penas que fluctúan entre los 59 y 71 años de presidio efectivo.
El juicio se desarrollará durante 29 jornadas, y en la víspera, tanto la abogada defensora, María Rivera, como Ernesto Llaitul, vocero y hermano de uno de los acusados, denunciaron que el proceso constituye una operación de persecución política contra comunidades mapuche y militantes vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
En primer término, la abogada Rivera cuestionó especialmente el uso de testigos protegidos y la utilización de figuras penales acumulativas destinadas a construir condenas ejemplificadoras.
A su juicio, el Ministerio Público «ha desarrollado una política de criminalización que persigue transformar conflictos políticos y territoriales en causas de ‘seguridad interior’, ampliando las capacidades represivas del Estado chileno en el Wallmapu».
Además, la abogada planteó que ni la fiscalía ni los querellantes tienen alguna prueba directa que inculpe a los acusados: «El Ministerio Público no tiene claridad y cae en contradicciones, como cuando habla de un delito flagrante, sin embargo está presente el fiscal de alta complejidad que no es quien se dedica a la flagrancia», detalló Rivera.
La profesional agregó que «en el desarrollo del juicio esperamos que esas contradicciones se diluciden y nosotros vamos a realizar la defensa intentando demostrar que no hay prueba alguna que inculpe a nuestros representados».
«Esperamos que este no sea otro de los tantos juicios en contra de comuneros mapuche en que, después de 3 años de prisión preventiva, después de un largo caminar a un juicio oral, se termine con una sentencia y tener que recurrir a la nulidad en la Corte para demostrar que es nuevamente un proceso muy mal llevado, que acusa y pide decenas de años, sin que haya una prueba concreta», declaró la abogada defensora a Radio Kurruf.
En la misma línea, Ernesto Llaitul reiteró que no existe «confianza alguna» en la imparcialidad del Poder Judicial ni en el actuar de la Fiscalía de La Araucanía, denunciando además la utilización de «testigos secretos» y acusando al fiscal Roberto Garrido de actuar «articuladamente con intereses empresariales y sectores de ultraderecha ligados al gran capital forestal de la zona».
Seguiremos informando.
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