El Ciudadano
El Ministerio Público formalizó la acusación a Miguel Ángel Calisto por un perjuicio de 105 millones de pesos y solicitó el desafuero del parlamentario.
La Fiscalía Regional de Aysén concretó la presentación de la acusación con la que busca llevar a juicio oral al senador Miguel Ángel Calisto, detallando un esquema sistemático de defraudación implementado mediante contratos falsos de asesorías parlamentarias que nunca se ejecutaron. La ofensiva judicial del organismo persecutor se registra apenas dos días después de que el legislador independiente fuera clave en el Congreso al votar a favor de la polémica megarreforma tributaria impulsada por el Gobierno de José Kast.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, fundamentó las penas solicitadas en el carácter reiterado de los delitos de fraude al Fisco y de subvenciones cometidos entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado. Explicó que cuentan con una amplia base probatoria documental y pericial que permitirá acreditar en el futuro juicio cada uno de los hechos, calificando la maniobra como un mecanismo instrumental de «asesorías fantasmas y de una caja pagadora».
La indagatoria sitúa al legislador como autor de los desvíos junto a su exjefe de campaña, Roland Cárcamo, y Carla Graf, contratada falsamente como asesora para justificar los pagos del Congreso. Según la acusación, el mecanismo fraudulento generó un perjuicio fiscal de $105.554.697, monto que en parte terminó en las cuentas corrientes del propio Calisto y financiando campañas políticas en la Región de Aysén.
Dentro de los ocho imputados de la causa, la Fiscalía solicitó 800 días de presidio para el excandidato a gobernador y consejero regional, Felipe Klein Vidal, acusado de recibir más de $34 millones de estos fondos fiscales en calidad de encubridor. Para hacer efectiva la revisión de los antecedentes en un tribunal, el fiscal Libedinsky ingresó la solicitud formal para retirar la inmunidad del legislador, pidiendo que «se tenga presente solicitud de desafuero ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique conforme al artículo 416 del código procesal penal», sostuvo.
Desde la vereda de la defensa, el abogado César Ramos cuestionó la estrategia de la Fiscalía y calificó la presentación del escrito como una vulneración de las garantías básicas de su representado. Argumentó que el plazo legal de investigación vencía originalmente el próximo 9 de julio y acusó que «este cierre provoca un perjuicio directo al derecho a defensa del parlamentario», impidiendo solicitar diligencias para desvirtuar las pruebas entregadas.
La situación judicial de Calisto coincide con el complejo escenario político donde defendió su reciente respaldo a las ideas económicas del oficialismo en la Cámara Alta frente a las críticas de la oposición. Antes de enfrentar la solicitud de 12 años de presidio, el senador justificó su postura argumentando que «los chilenos eligieron al Presidente Kast hace algunos meses y le dieron la mayoría para conducir y ahora propone algo que me parece legítimo», aseguró en su momento.
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