Durante años, recorriendo distintas regiones del país, he escuchado la misma preocupación: personas que deben elegir qué medicamentos comprar cada mes; pacientes crónicos que reducen sus dosis para que el dinero alcance; y familias que ven cómo la enfermedad termina transformándose en una carga económica.
No se trata de una percepción aislada. Según la OCDE, cerca del 78% del gasto en medicamentos en Chile es financiado directamente por las personas, mientras que el promedio de los países desarrollados alcanza el 39%. En otras palabras, las familias chilenas pagan el doble que el habitante promedio de la OCDE para acceder a tratamientos que les permitan recuperar o mantener su salud.
Y quienes no pueden pagarlos simplemente abandonan sus tratamientos.
Desde el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo hemos estudiado este fenómeno. La evidencia muestra que la falta de cobertura en medicamentos ambulatorios es una de las principales fuentes de vulnerabilidad económica para la clase media y los sectores más vulnerables.
Las consecuencias son conocidas. Cuando un paciente deja de tratarse, las complicaciones aumentan. Lo que el sistema no invierte hoy en acceso oportuno a medicamentos termina pagándolo mañana, multiplicado, en consultas de urgencia, hospitalizaciones y enfermedades más complejas de tratar.
Siempre he defendido la libertad de elección en salud. Sin embargo, esa libertad solo existe cuando puede ejercerse. No hay verdadera libertad cuando el presupuesto familiar obliga a escoger entre comprar remedios o cubrir otras necesidades básicas.
Por eso es necesario replantear el financiamiento de los medicamentos ambulatorios. En países con sistemas sanitarios más sólidos, estos tratamientos se consideran una extensión natural de la atención médica. España, Alemania y Australia cuentan con mecanismos que subsidian gran parte de estos costos y reducen significativamente el gasto de bolsillo.
Chile debe avanzar hacia un modelo que garantice acceso a los medicamentos más utilizados por la población, independiente de si las personas pertenecen a Fonasa o Isapres. Para ello se requiere un fondo que financie medicamentos ambulatorios prioritarios y mecanismos de compra coordinada que permitan negociar mejores precios.
Esta es una discusión que debe superar las diferencias ideológicas. Chile cuenta con experiencia, capacidad técnica e instituciones capaces de implementar una reforma de esta magnitud. Lo que falta es voluntad política.
La pregunta ya no es si podemos hacerlo. La pregunta es cuánto tiempo más estamos dispuestos a esperar mientras miles de personas siguen financiando su salud con recursos que simplemente no tienen.
Por Paula Daza, directora ejecutiva CIPS UDD
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