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En 2017 se promulgó la Ley Nº 21.040, que estableció el traspaso gradual de las escuelas y liceos municipales a 70 nuevos servicios públicos denominados SLEP. A poco andar se advirtieron dificultades provenientes tanto del proceso de transición, como de las limitaciones de la nueva institucionalidad creada. Si bien el proceso ha traído aprendizajes, a la fecha no es posible asegurar a las familias que el traspaso de su escuela a un SLEP ofrecerá mejores condiciones para la correcta gestión educativa.

Desde el año 2021, el calendario de instalación se ha debido ajustar cinco veces. Así también —y luego de un debate que se prolongó por cerca de dos años—, en enero de este año el Congreso aprobó una ley que, entre otras medidas, entrega nuevas facultades a la Dirección de Educación Pública y da más herramientas de acompañamiento a los SLEP. Sin embargo, no modificó el ritmo de instalación de los servicios restantes; es decir, no asegura que estos se instalen bajo las nuevas condiciones que ella introduce. Promulgada en mayo, esta ley entró en vigencia hace menos de tres meses, y su aplicación requiere de 84 macrotareas, incluidas 23 actualizaciones reglamentarias, entre las cuales se cuenta la dictación de 11 nuevos reglamentos. Si queremos que las nuevas herramientas que esta ley proporciona logren un impacto y contribuyan a una mejor gestión de los SLEP, necesitamos tiempo.

Al gobierno del Presidente José Antonio Kast le toca continuar la implementación de los SLEP que restan para llegar al total del país. Pero traspasar las escuelas a sostenedores que no estamos seguros de que ofrecerán mejores condiciones, solo por cumplir con un calendario ya fijado, significaría incumplirle a las familias que han confiado en la educación de provisión estatal. Es por ello que hoy ingresaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone extender el plazo máximo de instalación de los SLEP que restan, ampliando el margen para ajustar el calendario vigente. Y que busca flexibilizar los requisitos para que municipios de buen desempeño puedan postergar el traspaso de sus colegios mientras el SLEP que le corresponde no obtenga un mejor desempeño académico y financiero, fijando como plazo máximo el año 2040.

Se trata de una propuesta que busca, en primer lugar, dar oxígeno a la instalación del nuevo sistema, permitiendo que este se adapte y apropie de las nuevas facultades que introdujo la ley promulgada hace menos de tres meses. Pero, especialmente, busca cautelar que las escuelas sean administradas por quien ofrezca mejores condiciones para una correcta gestión, poniendo en el centro a los estudiantes y la calidad de la educación que el Estado les ofrece.

Mejorar la educación pública exige esfuerzos y trabajo continuo, pero también pragmatismo. Nuestro compromiso es con cada familia, que merece una reforma bien implementada, que no ponga en riesgo la educación a la que acceden sus hijos y que asegure una gestión de calidad ahí donde ya existe.

Por María Paz Arzola, ministra de Educación