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La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) han mostrado su preocupación por la situación de "especial vulnerabilidad" en la que se encuentran los menores migrantes no acompañados que han llegado en la última semana a Ceuta y ha reclamado a las administraciones que su protección sea una "prioridad absoluta".

Los pediatras han explicado, en línea con la evidencia científica, que experiencias como el desplazamiento forzoso, la separación familiar, la incertidumbre o la exposición a situaciones traumáticas pueden tener consecuencias duraderas sobre la salud física, la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes.

Por ello, han exigido que la respuesta institucional no se limite a las necesidades más inmediatas de los menores, sino que asegure entornos seguros, estables y protectores que favorezcan su recuperación y desarrollo integral.

Los especialistas han subrayado que los menores que llegan solos a España tienen, ante todo, los mismos derechos que cualquier otro niño, por lo que han pedido que todas las actuaciones se rijan por el principio del interés superior del menor, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y por la legislación española. "La infancia no puede convertirse, en ninguna circunstancia, en un daño colateral ni quedar subordinada a intereses ajenos a su protección", han añadido.

En este contexto, han demandado garantizar una acogida "inmediata, digna y adaptada a las necesidades" de la infancia, de forma que todos los menores dispongan de un alojamiento seguro, alimentación adecuada, condiciones higiénicas apropiadas y atención especializada. También han instado a evaluar individualmente a cada menor, respetando las garantías legales en protección, determinación de la edad y acceso al procedimiento de asilo cuando corresponda.

ATENCIÓN SANITARIA INTEGRAL

Asimismo, han pedido una atención sanitaria integral para todos, que cubra tanto la salud física como la mental, ya que muchos de los menores han vivido experiencias potencialmente traumáticas antes, durante o después del proceso migratorio, por lo que requieren una valoración específica y un acompañamiento continuado.

Los pediatras también han insistido en la importancia de reforzar la coordinación y la corresponsabilidad entre todas las administraciones públicas para favorecer una respuesta solidaria que permita distribuir adecuadamente los recursos de acogida y garantizar una atención de calidad a todos los menores, con independencia del territorio en el que se encuentren.

La AEP y la SEPS han recordado que la forma en que una sociedad protege a los niños y adolescentes más vulnerables es "uno de los mejores indicadores" de su compromiso con los derechos humanos, la equidad y la salud pública y, en este sentido, han destacado que invertir en su protección, bienestar y desarrollo no solo responde a una obligación legal y ética, sino que representa una inversión en el futuro de toda la sociedad.

En paralelo, se han mostrado críticas y han considerado "inaceptable" que los niños y adolescentes puedan verse instrumentalizados o utilizados como elemento de presión o de negociación en cualquier circunstancia.