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SEÑOR DIRECTOR:

Hace un par de días, luego de diez años de proceso legislativo, el Parlamento de Israel sancionó una ley que contempla la pena de muerte para crímenes de sangre sistemáticos y masivos ejecutados por terroristas.

La aprobación de esta norma es sin duda una consecuencia más de la masacre perpetrada por Hamas contra civiles israelíes el 7 de octubre de 2023, un punto de inflexión que ha llevado a un cambio dramático en el mapa geopolítico de Medio Oriente.

La normativa ha generado críticas inmediatas, sin mayor conocimiento de sus detalles. Además, quienes hoy alzan la voz omiten mencionar que la Autoridad Palestina aplica la pena capital contra “colaboracionistas” y que en Gaza se ejecuta, con o sin proceso judicial de por medio, a disidentes políticos, minorías religiosas y homosexuales. También guardan silencio frente a las ejecuciones diarias en Irán.

Cabe subrayar, además, que la legislación aprobada no alude a una identidad nacional o étnica, sino a la naturaleza del delito: el terrorismo. Además, la ley cumple estándares internacionales, como excepcionalidad, discrecionalidad judicial, derecho de apelación, suspensión de la pena, e indulto presidencial. Adicionalmente, no es retroactiva ni se aplica de forma automática.

Cabe preguntarse entonces si los detractores de esta ley, con su discurso de defensa del pueblo palestino, en realidad están aportando a construir una mirada garantista frente al terrorismo que viola mujeres y asesina niños.

Peleg Lewi

Embajador de Israel