Parecía que Europa había conseguido una victoria definitiva para los consumidores. En junio del año pasado, la Unión Europea sacó pecho con un paquete de medidas (Reglamento de Ecodiseño 2023/1670 y el de Etiquetado 2023/1669) que prometían el fin de la obsolescencia programada en los móviles.
La prensa especializada —nos incluimos— celebró que la ley obligaría a ofrecer cinco años de actualizaciones. Sin embargo, la letra pequeña ha revelado una realidad un tanto decepcionante: un matiz en la redacción de la normativa ha convertido la obligación en una simple sugerencia.
Samsung es uno de los fabricantes Android que más actualizaciones brinda
El agujero. Para entender el fallo, hemos acudido al texto oficial del Reglamento de Ecodiseño 2023/1670. La intención política podía ser clara, pero la ejecución jurídica en el Anexo II tiene un fallo garrafal . El punto seis dice literalmente:
"a partir de la fecha de finalización de introducción en el mercado hasta al menos cinco años después..., si los fabricantes... proporcionan actualizaciones..., facilitarán dichas actualizaciones sin coste alguno...".
El problema ese "si" condicional. La ley no afirma que "los fabricantes deben actualizar". Dice que, en caso de que decidan hacerlo, deben ser gratuitas. Es decir, la norma regula el "cómo", pero no obliga al "qué". Si un fabricante decide no actualizar sus teléfonos, legalmente está cumpliendo la norma.
La etiqueta no nos salva. Podríamos pensar que su relación con el nuevo etiquetado energético nos salvaría. Este se da en el Reglamento Delegado 2023/1669, y regula el índice de reparabilidad que vemos en las tiendas. Al analizar su Anexo IV, vemos que otorga puntos por el soporte de software: un punto si garantizan cinco años y hasta cinco puntos si alcanzan los siete años de actualizaciones.
No obstante, este reglamento no prohíbe vender móviles con cero años de soporte garantizados; simplemente da una peor puntuación en la etiqueta de reparabilidad y energía. Es algo así como un sistema de incentivos, y no de prohibiciones.
La importancia del regulador. Marcas como Samsung o Google subieron la apuesta por las actualizaciones antes de la ley ofreciendo siete años. Pero con esta vigente, otros han decidido leerla al pie de la letra. Como ya comentábamos hace semanas, Motorola ha lanzado modelos con versiones antiguas de Android y soporte mínimo.
Y, como hemos visto, no es ilegal. Las autoridades ya lo admiten: la Agencia de Seguridad finlandesa confirmó al medio AfterDawn que "nuestra interpretación es que los fabricantes no están obligados a producir nuevas actualizaciones". Admiten que la intención legislativa y el texto final no coinciden, pero solo pueden hacer cumplir lo que está escrito.
Qué sí tenemos. La consecuencia es que no podemos confiar ciegamente en que "por ley" nuestro móvil estará actualizado por muchos años. La etiqueta energética y los requisitos de reparabilidad (piezas disponibles por siete años) sí son vinculantes, pero el software ha quedado en un limbo voluntario.
A la hora de comprar, toca ignorar lo que dábamos por hecho y mirar la promesa específica de la marca: el "si" condicional de Bruselas ha dejado la puerta abierta de par en par. Una lástima. El teléfono no dejará de ser útil per se, pero sí será menos seguro en su acceso a Internet y sus aplicaciones.
Imagen de portada | Composición con imágenes de Pexels e Iván Linares para Xataka Android
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La noticia
Pensábamos que Europa nos había asegurado móviles que se actualizan por muchos años. La realidad es muy distinta
fue publicada originalmente en
Xataka Móvil
por
Pepu Ricca
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