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SEÑOR DIRECTOR:

El debate sobre el proyecto de reconstrucción se ha centrado en lo tributario, pero hay amplio consenso en que la dimensión de permisos puede tener un impacto igual o mayor en la inversión. El proyecto complementa los esfuerzos de la administración anterior en permisos sectoriales con ajustes relevantes a la evaluación ambiental, la principal traba para los titulares de proyectos.

Junto a Horizontal analizamos las medidas ambientales del proyecto. La conclusión es positiva: apuntan en la dirección correcta. El Senado puede ofrecer el espacio para un debate más reposado que el posible en una Cámara que opera únicamente con lógicas de redes sociales —problema que merece su propia carta—. Con ese tiempo, hay dos discusiones clave.

Primero, cómo potenciar la vía voluntaria de evaluación (una suerte de “piloto” de cambios al sistema) para que resuelva tempranamente aspectos sensibles —área de influencia, organismos competentes, principales impactos— reduciendo incertidumbre desde el inicio. Segundo, cómo diseñar la restitución de gastos para que logre su objetivo: adelantar la construcción de proyectos judicializados, minimizando riesgos fiscales. Los datos son elocuentes: menos del 2% del monto impugnado termina siendo invalidado, pero ese riesgo remoto disuade a casi cualquier titular de construir —basta ver el caso Collahuasi—. Será importante precisar desde cuándo y qué tipo de gastos se podrán restituir, e incluso evaluar una contraprestación del titular por el riesgo cubierto por el Estado.

El proyecto tiene alto potencial. La discusión en el Senado es una oportunidad de hacerlo realidad.

José Antonio Valenzuela

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