El Ciudadano
La violencia contra la prensa en Perú alcanzó en 2025 un punto crítico sin precedentes en los últimos años, con el asesinato de cuatro periodistas cuyos casos, según las principales organizaciones defensoras del oficio, siguen un patrón de ataques selectivos ligados a su labor informativa en regiones, ejecutados con la aparente inoperancia de un Estado incapaz de protegerlos y de una justicia que avanza con lentitud hacia la impunidad.
El cierre del año lo marcó la confirmación, el 26 de diciembre, del fallecimiento del periodista Mitzar Castillejos Tenazoa, conductor de un programa informativo en Aguaytía, región de Ucayali.
Según los antecedentes, Castillejos había sido atacado a balazos el 13 de diciembre por sicarios cuando se dirigía a su centro de trabajo. Tras luchar catorce días por su vida, primero en Tingo María y luego en el Hospital María Auxiliadora de Lima, su muerte elevó a cuatro la cifra de colegas asesinados en el ejercicio de su profesión durante el año recién finalizado.
Según Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), los casos de violencia contra la prensa han aumentado drásticamente.
“La actividad informativa en el Perú se encuentra en deterioro”, indicó en una entrevista en Latina Noticias. Además, enfatizó que estos crímenes son un llamado de atención para la sociedad y las autoridades.
“Estamos siendo avasallados por una realidad alarmante que demanda acción”, sostuvo, según consignó Caretas.pe.
Asesinatos por encargo
Los cuatro periodistas asesinados comparten un perfil claro: todos trabajaban en regiones, estaban en ejercicio activo y realizaban coberturas críticas sobre corrupción y poder local. Sus muertes, ejecutadas por sicarios, descartan robos o hechos fortuitos y apuntan a asesinatos por encargo, según el análisis de los gremios.
Gastón Medina Sotomayor: Dueño y director de Cadena Sur TV en Ica, fue asesinado a balazos frente a su hogar el 20 de enero de 2025. Antes de su muerte había estado investigando la gestión del Gobierno Regional y la Municipalidad de Ica. El comunicador se convirtió en la primera víctima de este tipo de crímenes desde 2017.
Raúl Celis López: Reconocido locutor de la radio Karibeña en Iquitos, murió el 7 de mayo luego que dos individuos a bordo de una motocicleta le dispararan hasta tres veces mientras se dirigía a su lugar de trabajo.
Fernando Núñez Guevara: Fundador y director del portal informativo Kamila TV en La Libertad, fue asesinado en un ataque armado el 6 de diciembre justo cuando se encontraba regresando a su hogar en una motocicleta junto a su hermano, David Núñez, quien quedó gravemente herido. A través de su medio digital, Núñez Guevara había reportado denuncias ciudadanas y críticas a las autoridades locales.
La investigación del caso Núñez reveló una trama criminal. Según la Policía, el asesinato fue coordinado desde el penal El Milagro de Trujillo por un interno identificado como Jorge “Bolas”, condenado por extorsión, en cuya celda se halló un croquis del atentado.
El pago por el crimen habría sido de 4.000 soles (1.200 dólares) y la investigación del caso continúa en desarrollo para poder lograr determinar quiénes ordenaron el asesinato del periodista.
Mitzar Castillejos Tenazoa: Conductor de un programa informativo en Aguaytía, Ucayali, fue atacado a balazos el 13 de diciembre.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, señaló el patrón común: “En ninguno de los casos se registró robo del vehículo ni de pertenencias personales. Todo indica que el móvil está vinculado directamente con su labor periodística”.
Amenazas y hostigamiento: El costo de investigar
Más allá de los asesinatos, el clima de intimidación es generalizado. En Madre de Dios, el periodista Manuel Calloquispe Flores, con 20 años de experiencia, vive confinado en su casa y con su trabajo paralizado debido a las constantes amenazas por investigar la minería ilegal en La Pampa.
Según reportó Concoca.pe., el 28 de agosto de 2025, recibió una amenaza directa de Edison Fernández Pérez, alias “Chili”, cabecilla de los “Guardianes de la Trocha”:
“Ni un solo reportaje más sobre La Pampa… Si no te encuentro, voy por tu familia”, mientras que el 17 de noviembre, una informante le advirtió: “Señor Manuel… a usted lo quieren secuestrar y llevarlo a La Pampa… han ofrecido por usted cuarenta mil soles”.
“Han ganado; no puedo trabajar”, denunció Manuel. Y ante el riesgo de muerte, clama: “Yo no debería estar acá, necesito salir al extranjero. Yo tengo la verdad enfrente y no es un criminal cualquiera, [Edison Fernández Pérez, alias “Chili”] es un capo con más de 50 asesinatos».
En Lima, la violencia adopta otras formas. Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación del programa Panorama, relató al medio citado que “el último año ha sido el que más ataques he recibido en toda mi carrera”.
Señaló que, tras investigaciones que involucraban al sector Interior y altos mandos policiales en el caso de la mina El Dorado en Ancash, sufrió un hostigamiento que incluyó, según su denuncia, un presunto atentado disfrazado de robo común.
El 31 de agosto de 2025 , responsabilizó públicamente a Juan José Santiváñez (entonces ministro de Justicia) y a Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, por un presunto plan en su contra.
“Nunca desmintieron la información, solo intentaron intimidar”, señaló.
Pese a la gravedad, Ramírez denuncia la falta de acciones por parte del Estado.
“La Defensoría del Pueblo nunca se acercó, nunca me llamó, nunca preguntó qué estaba pasando”. Sin embargo, dejó en claro que no dará un paso atrás, ya que si dejamos de investigar por temor, entonces la corrupción ya ganó.
«El ADN del periodismo es investigar al poder, incluso cuando hacerlo tiene un costo personal», afirmó.
Adriana León, directora de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), corroboró esta dinámica. “Los ataques ya no son hechos aislados. Funcionan como un sistema articulado», señaló.
Alerta internacional
La situación ha encendido las alarmas a nivel global. Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF), explicó a Convoca que 2025 registró “un hecho sin precedentes en la historia reciente de Perú”.
“La situación es alarmante, y pocos países de la región han experimentado un retroceso tan rápido y profundo en tan corto período de tiempo”, afirmó.
Según Romeu “el gobierno debe proteger a los periodistas, garantizar transparencia y reconocer su labor, en lugar de estigmatizarla”.
Por su parte, Cristina Zahar, coordinadora para América Latina del Committee to Protect Journalists (CPJ), advirtió sobre las consecuencias de la impunidad: “Cuando no se investiga ni se sanciona a los autores intelectuales, el mensaje es que atacar a la prensa no tiene consecuencias”.
Los datos respaldan el diagnóstico: Perú ha caído 53 posiciones en el Ranking Mundial de la Libertad de Prensa de RSF en los últimos tres años, con deterioro en todos los indicadores.
Estado ausente y riesgo de autocensura
Para las organizaciones sociales. la respuesta estatal ha sido insuficiente. El mecanismo de protección de defensores de derechos humanos carece de presupuesto y capacidad operativa. Las investigaciones avanzan lentamente y rara vez identifican a los responsables intelectuales.
“En el Perú, el mensaje es devastador: se asesina a un periodista y no pasa nada”, resumió Zuliana Lainez.
“El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, pero no lo está haciendo”, afirma Adriana León del IPYS.
Este escenario ha generado lo que se conoce como “desiertos informativos”, zonas donde los periodistas optan por no investigar o dejan de publicar información sensible por miedo.
“El principal efecto de esta violencia es la autocensura”, advirtió León. Con el inicio de la contienda electoral, la preocupación aumenta, pues las campañas suelen intensificar los ataques contra la prensa que investiga financiamiento ilícito y corrupción.
Mientras Perú entra a 2026, el balance es brutal: cuatro voces silenciadas, una profesión bajo asedio y una democracia cuyo derecho a la información está en peligro. La impunidad de hoy es la amenaza de mañana.
La entrada Perú arranca 2026 con un balance brutal: cuatro periodistas asesinados en 2025 se publicó primero en El Ciudadano.
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