El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en 34 distritos distribuidos en seis regiones del país, como parte de una estrategia para enfrentar el aumento de la criminalidad y reforzar el control en las fronteras.
La decisión, anunciada por la Presidencia, tendrá una duración de 60 días e involucra a regiones del norte, centro y sur del territorio peruano, varias de ellas limítrofes con Ecuador, Brasil y Bolivia.
Las zonas incluidas en la medida corresponden a Piura, Amazonas y Cajamarca en el norte; Ucayali en el centro; y Madre de Dios y Puno en el sur. Estos territorios han sido identificados como áreas sensibles tanto por su ubicación fronteriza como por la presencia de actividades ilícitas.
Durante el periodo de emergencia, el control del orden interno quedará a cargo de la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas. El despliegue contempla patrullajes permanentes y aleatorios a pie, además de operativos motorizados en puntos estratégicos.
Entre los lugares priorizados figuran terminales de transporte, pasos fronterizos —tanto autorizados como irregulares—, infraestructura crítica y servicios públicos, en un intento por disuadir actividades delictivas y fortalecer la presencia del Estado.
La medida también implica la suspensión de derechos constitucionales en las zonas afectadas, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal, lo que permitirá a las autoridades ampliar sus facultades de intervención.
El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan recuperar el control territorial y frenar el avance de redes criminales, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en distintas regiones del país.
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