La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal expresó su rechazo a la demanda presentada por la empresa pesquera Camanchaca contra el Fisco, en la que exige una indemnización cercana a US$ 100 millones por un supuesto perjuicio derivado de la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento (Ley N° 21.752).
Desde las organizaciones calificaron la acción judicial como “inmoral” y acusaron a la compañía de intentar mantener beneficios históricos obtenidos bajo la anterior legislación pesquera.
“Consideramos una vergüenza nacional que grupos económicos que usufructuaron durante años de una ley ilegítima —que les regaló cuotas de pesca a perpetuidad— hoy pretendan cobrarle al Estado por corregir una injusticia histórica. La demanda de Camanchaca no es defensa de derechos; es la prepotencia de quienes se acostumbraron a legislar a su medida y hoy no aceptan perder privilegios”, afirmó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la alianza.
Camanchaca demanda al Fisco por cambios a Ley de Pesca y acusa perjuicio cercano a US$100 millones
Desde la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, su presidenta Sara Garrido respondió a los argumentos de la empresa señalando que los recursos marinos son bienes comunes.
“El Estado no ha expropiado nada porque los peces que nadan en el mar no pertenecen a Camanchaca ni a las siete familias. Pertenecen a todos los chilenos. La Ley N° 21.752 restituye soberanía alimentaria y distribuye con justicia lo que la llamada ‘Ley Longueira’ había concentrado indebidamente. Alegar propiedad sobre peces no capturados es un insulto al sentido común y a la soberanía del país”, sostuvo.
Sobre el monto reclamado por la empresa, el vocero de CONDEPP, Ramón Chaparro, cuestionó la noción de daño patrimonial planteada por la industria.
“¿Cuánto le debe la industria pesquera a Chile por el daño ambiental y la sobreexplotación de recursos durante décadas? Si vamos a hablar de indemnizaciones, la cuenta histórica la pagan ellos, no el Fisco. Es inaceptable que pretendan que los impuestos de todos los chilenos cubran proyecciones de lucro basadas en licencias obtenidas bajo una normativa cuestionada por corrupción”, declaró.
Las organizaciones también emitieron una advertencia política frente al nuevo escenario gubernamental. Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, afirmó que el sector artesanal se mantiene en alerta ante lo que califican como una “embestida de la industria”.
“Hacemos un llamado claro al gobierno entrante de José Antonio Kast: la pesca artesanal no dará ni un paso atrás. La Ley de Fraccionamiento fue un triunfo democrático y social. Cualquier intento de revertir estos avances encontrará a la pesca artesanal unida y movilizada en todas las caletas de Chile”, señaló.
Finalmente, Cortés subrayó que la ley fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso. El informe de la comisión mixta obtuvo 122 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado registró 38 votos favorables y una abstención.
Las organizaciones insistieron en que la normativa representa una corrección histórica en la distribución de cuotas pesqueras y aseguraron que defenderán su aplicación frente a eventuales acciones judiciales o administrativas.
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