Petro lanzó ultimátum a su gabinete por decreto de la consulta popular: “Ministro que no firme de inmediato se va”

Petro lanzó ultimátum a su gabinete por decreto de la consulta popular: “Ministro que no firme de inmediato se va”

En una decisión que profundiza la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, el presidente convocó a sus ministros para firmar un decreto que oficializa la consulta popular

El presidente Gustavo Petro anunció el sábado 7 de junio que su gabinete de ministros ha sido convocado para firmar el decreto que convoca oficialmente una consulta popular, pese a que el Congreso de la República rechazó dicha solicitud el 14 de mayo.

A través de su cuenta de X, el mandatario fue contundente frente a sus ministros: “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo”, escribió, dejando claro que no admitirá dilaciones en la aprobación del documento que busca avanzar en el mecanismo de participación directa.

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La declaración presidencial ocurre en un contexto de alta controversia jurídica e institucional, luego de que el Ejecutivo decidiera seguir adelante con la convocatoria a través de un decreto, a pesar de la negativa del Congreso. Desde la Casa de Nariño se argumenta que el Legislativo no resolvió adecuadamente el recurso presentado, lo que, según el Gobierno, justifica la decisión de proceder por vía ejecutiva.

La iniciativa ha sido fuertemente cuestionada por sectores de la oposición, que consideran que la actuación del Ejecutivo vulnera principios fundamentales del Estado de derecho, como la separación de poderes y el respeto a las decisiones del Congreso.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, reaccionó a la publicación del jefe de Estado, expresando total desacuerdo a su ultimátum: “No presidente, el poder del pueblo es el estado de derecho, su democracia. Lo suyo es el sueño de los tiranos que se creen que representan a “todo el pueblo” y están por encima de todas las instituciones“.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, escribió en su cuenta de X: “Ministro que no firme se va (dice Petro)- Se va alistando con abogado para defenderse de las denuncias por prevaricato!” y David Luna, del Centro Democrático, aseguró: “Este es el tipo de liderazgo que yo jamás ejerzo o ejerceré. El país progresará cuando el argumento y la evidencia se imponga sobre la amenaza”, adjuntando una imagen del expresidente de Venezuela Hugo Chávez.

Además, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, presentó una alerta temprana ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtiendo que el Gobierno estaría incurriendo en una “grave alteración del orden constitucional en Colombia”, y que constituye una amenaza concreta y cercana contra el principio de separación de poderes, un pilar fundamental del sistema democrático que está protegido tanto por la Constitución colombiana como por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La alerta fue respaldada por los abogados Víctor Mosquera Marín y la Fundación Derechos y Justicia Asociados. Sin embargo, el presidente insiste en que actúa respaldado por la voluntad popular: “El poder presidencial es poder del pueblo”, reiteró en su mensaje en X.

Cabe recordar que las más recientes declaraciones de Petro se dan tras un fallo judicial a favor de una tutela interpuesta por la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, que cuestionó el cierre de la votación que negó la consulta popular.

La decisión judicial ordenó al presidente del Senado dar una respuesta de fondo al recurso de apelación presentado por la congresista, al considerar que se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso. El fallo estableció un plazo de 48 horas para que el presidente del Senado respondiera tras ser notificado. No obstante, Efraín Cepeda alegó que la apelación ya había sido resuelta el 21 de mayo, antes del pronunciamiento judicial, y presentó argumentos para respaldar la legalidad de su actuación.

De ser firmado el decreto presidencial, se abriría un nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, alimentando el debate sobre los límites del poder presidencial y la legitimidad de los mecanismos extraordinarios para impulsar reformas o consultas ciudadanas por fuera del procedimiento tradicional.