El Ciudadano
Ecuador anunció la imposición de una tasa del 30% a las mercancías colombianas, argumentando una falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras binacionales, mientras que Colombia aplicó aranceles recíprocos a decenas de productos que ingresen desde Quito y suspendió la venta de energía eléctrica a ese país.
El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro presentó ante la Comunidad Andina (CAN) un recurso a través del cual solicita que se investigue a Ecuador por la imposición de un arancel del 30% para el ingreso de mercancías provenientes de su país, una acción que gatilló el inicio de un pulso comercial que no se ha resuelto por la vía diplomática.
La disputa entre los dos países vecinos, que comparten una extensa frontera de más de 500 kilómetros, ha escalado progresivamente desde finales de enero hasta convertirse en un conflicto de múltiples aristas que ahora deberá ser resuelto por los mecanismos jurídicos del bloque andino, luego de que fracasaran los intentos de solución a través del diálogo directo entre las cancillerías.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia confirmó el martes a la agencia de noticias The Associated Press, a través de su oficina de prensa, que decidieron demandar porque consideran que la administración del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa «incumplió el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se fijó en cero el arancel para los productos comercializados entre los países miembros de la Comunidad Andina».
Esta acción legal representa la estrategia principal de Bogotá para contrarrestar la medida unilateral adoptada por Quito, que ha afectado significativamente el flujo comercial a través del puente de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre ambas naciones por donde transita diariamente un volumen considerable de mercancías, desde productos agrícolas hasta manufacturas y bienes de consumo.
El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Comunidad Andina (CAN), en respuesta directa a los propios recursos legales interpuestos por el gobierno de Gustavo Petro para dar al traste con la tasa arancelaria del 30% impuesta a los productos colombianos.
Según el mandatario de derecha esta contraofensiva jurídica está justificada por circunstancias excepcionales relacionadas con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional que opera en la zona fronteriza.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador argumentó que su decisión de acudir a los tribunales andinos se originó en de la necesidad de defender sus derechos comerciales y de seguridad y señaló que la medida arancelaria no constituye una violación de las normas comunitarias, sino una herramienta legítima para presionar a Colombia a implementar acciones más contundentes en contra de aquellos grupos ilegales que operan a lo largo de la frontera común , las cuales representarían un peligro para la estabilidad y seguridad de su territorio.
¿Qué argumenta Noboa para aplicar el arancel del 30%?
Para Quito, el arancel del 30% que comenzó a regir desde el pasado el 1 de febrero va más allá de un impuesto aduanero, ya que constituye una herramienta de «seguridad nacional». Según el gobierno de Noboa, Colombia no está haciendo lo suficiente en lo que se refiere al combate del crimen organizado transnacional, y la tasa aplicada representa una respuesta necesaria ante la falta de acciones firmes y equivalentes en la frontera común.
La posición ecuatoriana busca establecer un vínculo directo entre el comercio y la seguridad, argumentando que no se puede mantener un flujo comercial normalizado cuando existe una amenaza constante a la integridad territorial y la seguridad de los ciudadanos. Para el gobierno de Noboa, el arancel que fue anunciado el pasado 21 de enero funciona como un mecanismo de presión legítimo para obligar a Colombia a asumir sus responsabilidades en materia de control y cuidado fronterizo y combate al crimen organizado en la zona limítrofe.
Respuesta de Colombia a los aranceles
Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro a través del Ministerio de Comercio interpuso recursos ante la Secretaría General de la CAN para que la tasa sea calificada como un gravamen o restricción al comercio intrasubregional.
Con esta estrategia jurídica busca demostrar que, independientemente de las motivaciones de seguridad nacional esgrimidas por Ecuador, la medida adoptada constituye técnicamente una violación de los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Cartagena, que establece la libre circulación de mercancías originarias de los países miembros sin la imposición de barreras arancelarias o paraarancelarias.
Según reportó Caracol Radio, la CAN ya admitió a trámite una de estas demandas, lo que implica que el organismo investigará si Ecuador violó el principio de libre comercio del Acuerdo de Cartagena.
Esta decisión constituye un primer avance significativo para la posición de Bogotá, ya que implica que el organismo regional—creado en 1969 para promover la integración regional entre sus miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú—considera que existen elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre la legalidad de la medida ecuatoriana dentro del marco normativo andino.
Si la investigación le otorga la razón a Bogotá, Quito se vería obligado a levantar la medida de inmediato ya que se catalogaría como una restricción prohibida.
Para dictaminar, la Comunidad Andina deberá evaluar si los si los argumentos de seguridad planteados Ecuador son válidos para justificar una excepción al principio de libre comercio, o si Colombia tiene razón al exigir que se elimine la tasa del 30% que ha causado embates en el libre tránsito en el puente de Rumichaca, afectando a cientos de transportistas, comerciantes y empresarios de ambos lados de la frontera.
Escalada de represalias entre Colombia y Ecuador
Como parte de la tensa situación, Colombia optó por suspender la venta de energía eléctrica a su vecino y aplicó aranceles del 30% a 23 productos ecuatorianos como una medida que considera equitativa y proporcional a la de Ecuador.
Desde Ecuador no se hizo esperar y el gobierno de Noboa optó por incrementar en un 900% la tarifa para que Colombia pueda transportar su petróleo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), un movimiento de alto impacto para la economía del país suramericano.
Esta medida afecta directamente la capacidad de Bogotá para exportar su crudo a través del Pacífico, encareciendo significativamente sus costos logísticos y reduciendo su competitividad en los mercados internacionales.
Pese al intercambio de golpes, el gobierno ecuatoriano insiste en que tiene la «voluntad de resolver estas diferencias mediante la institucionalidad andina», buscando un comercio basado en condiciones equitativas y respeto mutuo., consignó El Espectador.
Mientras tanto, los sectores productivos y comerciales de ambos países comienzan a sentir los efectos de una guerra comercial que, más allá de los argumentos de seguridad nacional esgrimidos por Noboa y las consideraciones jurídicas planteadas por Petro, termina afectando el bolsillo de los ciudadanos comunes, el empleo en las regiones fronterizas y la integración económica que promueve la Comunidad Andina.
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