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La Fiscalía pide penas de dos años y nueve meses de prisión y multa de 5.400 euros para un hombre acusado de delitos de estafa y apropiación indebida, tras supuestamente estafar a otro en la adquisición de un local y quedarse con los bienes y maquinaria que había en el mismo, en la capital. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, el procesado mantenía una comunicación fluida con el administrador de una entidad de la que era proveedor y mostró siempre interés por la gestión de su local, de modo que "aprovechándose de la buena fe y confianza generada" en él, "con la intención de sacar el máximo rendimiento al negocio, pero a sabiendas de que no iba a asumir responsabilidad económica alguna, acordó verbalmente el traspaso del local".

Al respecto, se apunta que acordó que "la formalización de dicho contrato tendría lugar tras la preparación de toda la documentación, entregándose al acusado, hasta esa formalización, las llaves del local y se le dió la autorización para ir gestionando el negocio". Sin embargo, el procesado, "intencionadamente, fue excusando la formalización del contrato".

Respecto del pago de la cantidad, se expone que "el acusado acordó con el perjudicado aplazarlo, dando como excusa que necesitaba tiempo para consolidar la gestión de su negocio, ofreciendo en garantía de dicho pago una finca registral, todo ello a sabiendas de que nunca iba a entregar cantidad alguna". "Aceptada la oferta y garantizado el pago con la finca, el perjudicado, confiando en ello, aceptó entregar el negocio", se resalta.

De este modo, "a partir de ese momento el procesado llevó a cabo la gestión y administración del negocio", que, a la entrega, recibió "con todas las instalaciones, mobiliario, fondo de comercio, permisos administrativos y deudas con proveedores del comercio".

No obstante, el acusado, "con la excusa de que no quería comprar la empresa y que tenía que constituir la suya propia, se comprometió a modificar todos los contratos de suministro, poniéndolos a su nombre y asumiendo los costes de funcionamiento y gastos", a la vez que, "con diversas excusas, fue demorando de modo indefinido la formalización del traspaso del local de negocio".

Además, el fiscal indica que, "prometiendo, a sabiendas que no lo haría, que cumpliría con todas sus obligaciones, abandonó el local, no sin antes apoderarse de bienes y maquinaria, desplazándose a otro local al que se llevó el mobiliario".