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La creación del nuevo órgano bilateral dedicado a la gestión de las infraestructuras aeroportuarias vascas ha generado posturas opuestas entre los diferentes grupos parlamentarios vascos sobre su alcance real y las expectativas que puede suscitar en la sociedad. Según publicó Radio Euskadi, las reacciones a la última reunión de la comisión bilateral —presidida por el lehendakari Imanol Pradales y el presidente Pedro Sánchez— abarcaron interpretaciones diversas sobre las consecuencias del acuerdo alcanzado en la materia.

El medio informó que durante este encuentro, ambas partes acordaron la constitución de un mecanismo bilateral destinado a la colaboración en la gestión de los aeropuertos del País Vasco, junto a otros seis traspasos de materias asociadas al Estatuto de Gernika. No obstante, tras los anuncios oficiales, el Ministerio de Transportes detalló que el órgano bilateral no dispondrá de competencias ejecutivas y que su función principal será la cooperación interinstitucional. El ministerio precisó que esta nueva estructura no modifica el marco legal actual de los aeropuertos gestionados por Aena, ni afecta sus procedimientos internos, las tarifas, ni la organización en red establecidas desde hace años mediante la ley 18/2014.

De acuerdo con Radio Euskadi, desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el parlamentario Jonatan Moreno valoró el acuerdo como un avance relevante hacia la mejora y fortalecimiento del autogobierno, aludiendo a que “se han anunciado un montón de medidas muy positivas” durante la comisión bilateral. Moreno relacionó la iniciativa con el trabajo sostenido del PNV por ampliar competencias durante las últimas décadas, reconociendo que las siete nuevas materias transferidas “seguramente no sean las más potentes, pero son siete competencias más de las que se tenían hace una semana”. Para Jonatan Moreno, la existencia de un órgano formal ofrece la posibilidad de intervenir en espacios previamente cerrados para la administración vasca, lo que representa un paso preferible frente a no tener ninguna vía de participación.

En contraste, el portavoz parlamentario del PSE-EE, Ekain Rico, destacó en la tertulia que la ciudadanía vasca conoce que la competencia sobre los aeropuertos sigue correspondiendo al Estado. Rico evaluó como positivo el encuentro intergubernamental y el tono de cooperación entre los ejecutivos, pero consideró necesario explicar sin ambigüedades lo conseguido: “los aeropuertos son competencias del Estado y van a seguir siéndolo”, según recogió Radio Euskadi. Rico estimó que la colaboración técnica puede resultar beneficiosa para la mejora de los aeropuertos, en tanto se preserve la integración eficaz de estas infraestructuras en la red nacional gestionada por Aena. El portavoz socialista repasó los traspasos logrados bajo el gobierno de Pedro Sánchez, cifrados en 23, y apuntó que la dinámica de acuerdos no sería posible bajo una coalición formada por PP y Vox.

El espacio de debate incluyó voces críticas como la de Ander Goikoetxea, representante de EH Bildu, quien interpretó que el desarrollo de materias recogidas en el Estatuto tras 47 años resulta adecuado, si bien insistió en que dicho marco legal no resuelve todos los problemas pendientes y abogó por nuevas formas de relación y garantías entre Euskadi y el Estado. Goikoetxea expuso dudas sobre la capacidad resolutiva del órgano recién creado y cuestionó el valor real de los anuncios institucionales, al expresar: “¿Quién va a decidir? ¿Vamos a decidir aquí o se va a decidir en Madrid?”. Según consignó Radio Euskadi, Goikoetxea sugirió que los movimientos del lehendakari buscaban proyección mediática antes que soluciones prácticas a los problemas inmediatos de la población.

La postura del Partido Popular fue representada por Laura Garrido, quien consideró que el acuerdo alcanzado se basa en motivos políticos y aprovechamiento de la coyuntura de debilidad entre los interlocutores. Según reportó Radio Euskadi, Garrido advirtió que podrían estar en juego las inversiones asociadas a los aeropuertos y calificó de insuficientes las competencias derivadas del nuevo órgano al describirlo como una estructura carente de funciones decisorias, limitada únicamente a tareas de opinión o consulta. Garrido expresó que considera el órgano bilateral como una figura simbólica “donde el Gobierno vasco, el PNV y el PSE van a colocar a los suyos”, aludiendo a la imposibilidad de tomar decisiones efectivas sobre las inversiones y operaciones aeroportuarias. Subrayó que el Gobierno autonómico “no va a poder decidir de nada en relación a la gestión de los aeropuertos”, e instó a evitar alimentar expectativas poco realistas ante la ciudadanía.

Por parte del grupo parlamentario Sumar, Jon Hernández manifestó ante Radio Euskadi su percepción respecto a la “escenificación” presente en la reunión, describiéndola como un encuentro que apenas arrojó acuerdos de alcance muy limitado. Hernández defendió la necesidad de una cogestión real en infraestructuras críticas como los aeropuertos y el puerto de Pasaia, y cuestionó la ausencia de propuestas claras sobre el modelo de gestión por parte del lehendakari. Hernández sostuvo, además, que resulta inadmisible promover transferencias que pudieran facilitar la privatización de estos equipamientos básicos.

Además de la cuestión aeroportuaria, la comisión bilateral trató materias vinculadas a la seguridad en Euskadi, un aspecto que también originó valoraciones divergentes. Según Radio Euskadi, Jonatan Moreno del PNV señaló la importancia de las nuevas herramientas adquiridas para reforzar la lucha contra la reincidencia delictiva y la relevancia de avanzar en la prohibición de las armas blancas, junto al refuerzo del papel de la Ertzaintza en funciones relacionadas con extranjería.

En cuanto a esta área, Ander Goikoetxea (EH Bildu) puntualizó que las preocupaciones actuales en seguridad deberían analizarse revisando la gestión realizada tanto por PNV como por PSE-EE a lo largo de los años. Ekain Rico, del PSE-EE, respaldó la modificación del reglamento de armas y defendió la premisa de que nadie debe portar armas blancas en la vía pública. Por su parte, Laura Garrido (PP) expresó preocupación por el tamaño de la plantilla de la Ertzaintza, a la que calificó de insuficiente para enfrentar el aumento de delitos y reclamó medidas desde el Gobierno vasco para dotar mejor al cuerpo policial.

En el contexto de la seguridad, Jon Hernández (Sumar) criticó algunas afirmaciones del lehendakari en relación a actuaciones “contra los delincuentes que no tienen todavía sentencia firme” y alertó acerca de los riesgos de operar fuera de los límites legales previstos. Estos debates, según describió Radio Euskadi, evidencian la existencia de una pluralidad de enfoques sobre la gestión de las competencias autonómicas y su relación con el marco estatal.

Mientras el Gobierno vasco y el Ejecutivo central destacan la voluntad de desarrollar vías de colaboración institucional y la transferencia de materias del Estatuto como un proceso abierto, los partidos de la oposición advierten sobre el riesgo de construir órganos que no impliquen un avance concreto en la toma de decisiones locales ni un aumento del autogobierno efectivo. Las reacciones y valoraciones recogidas por Radio Euskadi durante la tertulia de parlamentarios muestran que la iniciativa de cooperación en los aeropuertos de Euskadi y otros ámbitos estratégicos sigue generando un debate intenso sobre los límites y el potencial del marco estatutario y la dinámica de negociación entre los gobiernos autonómico y central.