El Ciudadano
El 24 de marzo de 2026, Iván Poduje Capdeville, en su calidad de Ministro de Vivienda y Urbanismo, dictó el Ordinario N° 245 que paralizó total e indefinidamente las obras de construcción de 356 viviendas destinadas a familias damnificadas por el mega incendio de El Olivar. Lo hizo sin competencia legal para ello, sin notificar a los contratistas, sin seguir el procedimiento establecido en los contratos y en la ley, y amenazando con sanciones administrativas, civiles y penales a cualquier funcionario del SERVIU que desobedeciera sus instrucciones. Ese mismo día, antes de que nadie revisara papeles ni procesos, anunció públicamente ante los vecinos que «las casas se van a botar» y que traería «otras empresas».
La secuencia importa. Los informes técnicos de la DITEC no recomendaron paralización. Formularon observaciones sobre 56 de las 356 viviendas, calificaron la calidad de ejecución como «estándar, sin aspectos particularmente objetables» y señalaron que las observaciones debían resolverse «para la correcta continuidad del proyecto». Nada de eso justificaba paralizar el cien por ciento de las obras. Nada de eso justificaba bloquear los estados de pago por trabajo ya ejecutado. Nada de eso justificaba ordenar demoliciones.
Lo que sí lo explica es que Poduje había tomado esa decisión antes de ser ministro.
Desde el 22 de diciembre de 2025, cuando aún era parte del equipo presidencial entrante, se reunió con vecinos de El Olivar y declaró en su cuenta personal que había «mucho atraso y problemas con las constructoras». En febrero, ya designado, pero aún sin jurar, realizó reuniones a espaldas de las empresas contratistas en las que las llamó «chantas» y «truchas», insinuó que pagaban vecinos como promotores, y cuando fue confrontado reconoció que «estamos investigando, aún no ha ocurrido». Amenazó con exclusión a los dirigentes que defendían sus contratos. Desmanteló la representación vecinal elegida para operar con dirigentes afines.
Todo eso está grabado. Las transcripciones acompañan la querella.
Una querella criminal presentada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acusa a Poduje, al SEREMI Marcelo Ruiz Fernández y al Director del SERVIU Rodrigo Muñoz Henríquez de cuatro delitos: prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y fraude al Fisco. El perjuicio fiscal por demoliciones innecesarias se estima en 2.332 UF en las primeras cuatro viviendas verificadas, con un daño proyectado significativamente mayor.
Quiero ser preciso en el argumento jurídico porque es lo que sostiene mi opinión.
El delito de prevaricación administrativa exige que una autoridad dicte a sabiendas una resolución manifiestamente injusta. No basta la ilegalidad. No basta el error. Se requiere que la autoridad sepa que su resolución es injusta y la dicte de todas formas. La querella demuestra que Poduje sabía, porque es arquitecto con más de treinta años de trayectoria en el sector habitacional, porque los propios informes técnicos que citó como fundamento no recomendaban lo que él ordenó, porque los ITO del SERVIU no compartían su valoración, lo que consta en la misma resolución, y porque amenazó con sumarios y acciones penales a los funcionarios para silenciar la opinión técnica contraria a la suya.
La imputación de falsificación ideológica se funda en que el procedimiento fue invertido. Primero se tomaron las decisiones y se comunicaron públicamente. Luego se construyeron los documentos para justificarlas. Ese es el mecanismo que la querella describe como «decisión primero, informe después», y es precisamente lo que distingue un acto administrativo irregular de un ilícito penal.
Los hechos descritos en la querella, si se acreditan en la investigación, configuran el uso doloso del cargo ministerial para excluir a empresas privadas del mercado de vivienda social, demoler obras financiadas con fondos públicos sin necesidad técnica, y perjudicar a 356 familias que llevan más de dos años esperando recuperar sus hogares tras el peor incendio que ha vivido Viña del Mar en décadas. Ninguna autoridad designada puede seguir actuando cotidianamente con esta investigación en su contra. Si lo hace, y acá la responsabilidad del Presidente, el gobierno y el mismo presidente se convierten en cómplices por su silencio y su inacción.
Esas familias no son un dato secundario. Son la razón de ser del programa habitacional. Son las personas que el Ministerio de Vivienda tiene el deber constitucional de proteger. Según la querella, fueron instrumentalizadas como cobertura para ejecutar una decisión política que tenía otro propósito.
Hay un principio elemental de probidad pública que no debiera requerir debate: ningún cargo ministerial puede sostenerse sobre la base de acusaciones de esta gravedad mientras dura la investigación. El estándar no puede variar según quien sea el acusado ni según el color político del gobierno de turno. Si lo hace, deja de ser un principio y pasa a ser un instrumento.
Poduje enfrenta cuatro imputaciones penales con respaldo documental y audiovisual extenso, incluyendo videos de su propia cuenta institucional como ministro. La acusación central es que usó el cargo para beneficiar intereses distintos al interés general. Mientras esa investigación avanza, su permanencia en el Ministerio le permite seguir ejerciendo influencia sobre el mismo sistema del que forman parte los funcionarios y documentos involucrados. Eso no es una condición neutral para ningún proceso judicial.
La renuncia no es una condena. Es el mínimo que el cargo exige.
por Daniel Jadue
La entrada Poduje debe renunciar: la columna de Daniel Jadue se publicó primero en El Ciudadano.
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