El Ciudadano
El Segundo Juzgado Civil de Valparaíso desestimó los recursos presentados por el Serviu regional y ordenó no realizar ninguna demolición en el sector El Olivar, en Viña del Mar, hasta que se realice un peritaje externo.
El pronunciamiento judicial se enmarca en las acciones emprendidas por la Constructora San Sebastián, a cargo del proceso de construcción objetado por Poduje.
«El fallo rechazó la oposición presentada por Serviu a la realización integral de un informe de peritos, diligencia clave para la Constructora San Sebastián que busca consignar el estado de los hechos antes de que se inicie de manera formal el juicio de resolución de contrato con indemnización de perjuicios», explicó el abogado representante de la firma, Jaime Barrientos.
Para el jurista, «el juez ha aplicado una lógica jurídica impecable, al rechazar las incidencias presentadas por el Ministerio de Vivienda. Las obras no se pueden tocar hasta que la pericia sea practicada, lo que viene a confirmar nuestra pretensión en orden a que un tercero imparcial provea al tribunal los insumos necesarios para concluir que Constructora San Sebastián se ajustó al proyecto y a los contratos vigentes».
Asimismo, Barrientos destacó que el Consejo de Defensa del Estado «ha reconocido lo que cualquier abogado instruido sabe: que una pericia de esta naturaleza presupone la existencia de las obras. Esto solo había sido cuestionado por el ministro Poduje, a quien emplazamos a aplicar la ley y el contrato».
«Estamos disponibles para liquidar el contrato y discutir, en la sede correspondiente, las partidas objetadas. Ciertamente, el ministro Poduje deberá responder personalmente por el inmenso daño que ha causado a Constructora San Sebastián, la cual se encuentra a la fecha injustamente suspendida del registro de contratistas en el que está inscrita en categoría 1», advirtió además el profesional.
Desde el Congreso, la diputada Ana María Gazmuri (AH) se refirió a la resolución relevando que «el Consejo de Defensa del Estado reconoció ante el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso que la resolución de ese tribunal impide seguir con la demolición en El Olivar, porque ordena un peritaje previo sobre el estado real de las obras».
«Esto contradice la versión del Minvu, que sostenía que se podía demoler y hacer peritajes al mismo tiempo», alertó la parlamentaria humanista.
«Se confirma así lo que venimos señalando: demoler sin tener certezas de que es inevitable no es el camino para las familias. Lo que se necesita ahora es una salida seria, transparente y humana, que resguarde la seguridad estructural sin volver a castigar a quienes ya han sufrido demasiado», enfatizó la diputada Gazmuri.
Para la legisladora, «el CDE ha sido claro, y el ministerio ha faltado a la verdad. Otro episodio de improvisación institucional. Las familias necesitan reparación, certezas y una política de reconstrucción que ponga en el centro su dignidad, no el desgaste burocrático», remarcó.
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